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La Asamblea extremeña aprueba instar al Gobierno a paralizar la reforma de los registros civiles

EXTREMADURA
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La Asamblea de Extremadura ha aprobado, con los votos de todos los grupos parlamentarios, una iniciativa por la que se insta al Gobierno central a paralizar la reforma de los registros civiles, y asimismo refrenda su «más absoluto rechazo a cualquier tipo de privatización del sistema judicial».

   Se trata de un pronunciamiento de la Cámara regional debatida a
propuesta de los grupos parlamentarios Socialista y de Prex Crex, por la
que se insta al Ejecutivo central a «desistir y retirar» la reforma que
plantea el borrador del anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los
Registros; así como a declarar la necesidad de que los Registros Civiles
permanezcan como un «servicio gratuito y público a la ciudadanía».

   La Cámara extremeña insta asimismo a mantener «el actual status de
los juzgados de paz» y manifiesta su «absoluto rechazo a cualquier tipo
de privatización» del sistema judicial.

   La diputada del Grupo Popular María Inés Rubio Díaz, ha recordado
en su intervención las palabras del propio ministro de Justicia de este
pasado miércoles, en las que aseguraba que el Registro Civil seguirá
siendo gratuito, así como que se va a «desjudicializar» para aliviar la
carga de trabajo de los juzgados, y que será gestionado por funcionarios
públicos.

   Estas declaraciones de Gallardón se producían tras renunciar a
dejar el Registro Civil en manos del Colegio de Registradores, al no
aceptar éste que este servicio público sea gratuito.

   En este sentido, Rubio Díaz ha señalado que no entiende el motivo
por el que, después de conocer la postura del ministro de que dicho
servicio continuará siendo público y gratuito, los partidos de la
oposición hayan seguido adelante con la iniciativa.

   Al respecto, el portavoz de IU-Verdes, Pedro Escobar, ha apuntado
que, tras conocer las palabras del ministro, se planteó la retirada de
la propuesta, pero que, sin embargo, ésta se ha mantenido porque
Gallardón aludía asimismo a que se seguirán buscando «fórmulas», ha
dicho Escobar, para reformar los registros civiles.

   De esta forma, y al no aclararle la diputada del PP a qué se
refería Gallardón, ha tomado la decisión de continuar adelante con la
propuesta y con su votación.

VOCACIÓN PÚBLICA

   Escobar ha abogado por un Registro Civil «moderno, eficaz, público
y gratuito» y no cree, ha dicho, que la propuesta de Gallardón «vaya
por ahí», por lo que ha pedido que se mantenga este servicio tal y como
está. «Nos tendrá en contra», ha dicho Escobar, siempre que la reforma
del ministro de Justicia pase una compensación económica, ya sea a
través de tasas a los ciudadanos o por una concesión administrativa a la
empresa que se hiciera cargo del mismo.

   Por parte del Grupo Socialista, el diputado Juan Manuel Hernández
Sánchez, ha reconocido que la propuesta de Gallardón aún «no ha visto la
luz», y que su propuesta pretende «prevenir un mal mayor», antes de que
sea una realidad.

   Así, ha recordado que los registros civiles nacieron en 1870 «con
una clara vocación pública» y que, por tanto, la medida supone volver al
pasado. «Gallardón quiere retrotraernos, quiere dar los datos de los
ciudadanos a una entidad privada», ha apostillado.

«PUNTILLA» A LOS JUZGADOS DE PAZ

   Asimismo, considera «un verdadero error» la reforma planteada, en
cuanto que asimismo supondría «dar la puntilla a los juzgados de paz»,
ya que un tercio de su actividad está motivada por las actuaciones del
Registro Civil. «Es un palo a Extremadura y a su modelo territorial de
convivencia», ha señalado Hernández, quien ha reclamado al presidente
extremeño, José Antonio Monago, que «haga bandera de este asunto».

   La diputada de Prex Crex, Fernanda Ávila, ha señalado por su parte
que vota a favor de la propuesta, pese a las declaraciones del ministro
de Justicia, porque no confía en sus palabras. «No me fío de
Gallardón», ha dicho.


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