La federación de enseñanza de CCOO de Extremadura considera aceptable el acuerdo alcanzado en Mesa General de la Función Pública de Extremadura a, entre Administración y sindicatos más representativos del ámbito, por el cual los empleados públicos de la Junta de Extremadura recuperarán el devengo de la paga extra suprimida por el Gobierno en diciembre de 2012.
En
virtud del acuerdo se ingresará en las nóminas de abril el 70% de la cantidad adeudada
y el 30% restante, en la nómina de enero de 2015, sin discriminación de un
colectivo de empleados públicos respecto a los demás.
Extremadura
será por tanto la primera Comunidad en la que se abone de facto la parte
devengada de la paga extra suprimida.
FECCOO
Extremadura valora el acuerdo alcanzado en la mañana de hoy, aunque habríamos
preferido el abono del 100% de las cantidades adeudadas, en el mes de abril,
tal como propusimos inicialmente.
Sin
embargo, desde el primer momento quedó claro que las declaraciones de Monago en
el mes de diciembre, asegurando que se disponía de 20 millones para el pago del
devengo de la extra, no se correspondían con la realidad. La falta de
presupuesto es la causa de este pago aplazado.
Este
acuerdo es fruto de una estrategia planteada por la Plataforma Sindical de los
Empleados Públicos. Estrategia que tenía dos objetivos: la recuperación íntegra
de la paga extra suprimida y la recuperación de la parte ya devengada, y
detraída vulnerando el principio de irretroactividad de las normas.
La
actuación sindical se inició con la interposición, por cada sindicato y
ámbito, de recursos en vía
administrativa. Agotada ésta, se interpusieron en todos los juzgados de lo
contencioso-administrativo y de lo social, al menos una demanda individual por
sindicato y régimen jurídico. De no haberse hecho así habría supuesto un coste
económico para los demandantes.
El
objetivo era identificar qué juzgados dictaban sentencias favorables, que
además por razón de la cuantía serían firmes. Y ello para que llegado el caso
el resto de empleados públicos pudieran interponer en ellos sus demandas a
sabiendas de que éstas serían también favorables.
La
mayoría de los Juzgados de lo Social, donde correspondían las demandas del
personal laboral, han optado por elevar la cuestión al Tribunal Constitucional,
mientras que los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, fueron dictando
sentencias favorables.
Con
estas sentencias favorables, los sindicatos promotores de las demandas, hemos
conseguido sentar a la Administración en las Mesas de Negociación. Así, la
administración autonómica extremeña se ha visto impelida a llegar a un acuerdo
ante la posibilidad de que se pudiese llevar a cabo una acción de presentación
de demandas individuales que habrían tenido como consecuencia sentencias
favorables para los demandantes, y el más que probable hecho de la condena en
costas a la propia administración.
Sin
embargo, en el supuesto de no haber llegado a un acuerdo “todos habríamos
perdido algo. Para los empleados públicos acudir a los Tribunales habría
supuesto un coste económico. Por otro lado, el personal laboral, habría tenido
que esperar además el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Y además,
hay que considerar que la propuesta inicial de la Administración habría
retrasado hasta noviembre el primer pago al profesorado”.
CCOO
se congratula de la actitud de los sindicatos implicados que ha permitido una
actuación conjunta frente a la Administración, anteponiendo el interés de los
empleados públicos a los intereses particulares de cada uno de ellos.
