El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha destacado que la región es “la única comunidad que ha incrementado durante dos años consecutivos las partidas presupuestarias destinadas a la atención de la discapacidad. Sumando los incrementos experimentados en 2013 y 2014 estamos hablando de casi un 37% de crecimiento en esta partida concreta”.
Así
lo afirma en una entrevista publicada en el número 118 del periódico ‘cermi.es
semanal’, órgano de expresión del Comité Español de Entidades de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI).
El
incremento presupuestario al que se refiere el presidente extremeño, según
indica, ha permitido, por ejemplo, incrementar en 370 los tratamientos de
habilitación funcional para personas con discapacidad, al mismo tiempo que las
plazas en centros ocupacionales, en centros de día, en atención temprana y en
residencias de apoyo limitado para personas con discapacidad.
Asimismo
han puesto en marcha la Unidad para la Atención de Personas con Discapacidad
Intelectual y Graves Alteraciones de Conducta (UDAC), “un recurso pionero en
Extremadura y que evita la derivación de este tipo de usuarios a otras
Comunidades Autónomas”.
José
Antonio Monago ha confirmado su impulso decidido a este sector, principalmente
a través de las políticas de empleo, como son la aplicación de cláusulas
sociales en contratos públicos y el respaldo a los Centros Especiales de
Empleo.
En
esta línea, con respecto a la aprobación por parte del Gobierno de Extremadura
de la reserva de contratos públicos a favor de las empresas sociales de la
discapacidad, Monago afirma que se trata de una cuestión de “pura justicia
social y una consecuencia de nuestro compromiso con la igualdad en mayúsculas”.
Esta
medida, explica Monago, ya empezó a aplicarse en 2013 para el 6% de los
contratos de servicios adjudicados tanto por el Gobierno como por todas sus
entidades públicas.
“Este
compromiso implica que los órganos de contratación deben reservar la
participación en los procedimientos de adjudicación a Centros Especiales de
Empleo o reservar su ejecución en determinadas empresas en el marco de
programas de empleo protegido, cuando, al menos el 70% de los trabajadores
afectados, sean personas con discapacidad o en situación de exclusión social”,
agrega.
UNA OBLIGACION
“Estoy
convencido de que este tipo de políticas que fomentan el empleo de los
colectivos más vulnerables no son sólo una necesidad, son también una
obligación”, apunta el presidente de Extremadura.
Además,
Monago destaca otras medidas de fomento de la inclusión laboral de las personas
con discapacidad que han adoptado, como el incremento del 5% de la reserva de
las plazas para personas con discapacidad en todas las ofertas de empleo
público.
Extremadura,
indica su presidente, es la primera Comunidad que aprobó una Ley de
Responsabilidad Social Empresarial y, en base a esa norma, se está generando un
modelo que “es todo un paradigma en España, que, incluso, está siendo exportado
a otros países comunitarios y que está en el centro de las miradas del entorno
europeo, como un ejemplo a seguir del que todos los extremeños podemos
sentirnos verdaderamente orgullosos”.
En
cuanto a la integración laboral de las personas con discapacidad a través del
empleo, Monago asegura que “es uno de los pilares del Plan 3E que pusimos en
marcha al inicio de la legislatura con el consenso de los agentes sociales”.
Por eso, explica, Extremadura “no sólo ha
mantenido los recursos destinados a esta política, sino que ha incrementado
algunas de las líneas de ayuda”.
Así,
Monago apunta que “en 2013 el número de beneficiarios de esas ayudas aumentó un
20%, hasta alcanzar las 1.533 personas con discapacidad”; y actualmente, hay un
total de 136 Centros Especiales de Empleo en la Comunidad.
También
promueven la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en
empresas ordinarias “con ayudas de hasta 7.000 euros, que el año pasado
beneficiaron a 152 trabajadores, un 15% más que en 2012”.
