El Parlamento extremeño hará un dictamen sobre el informe del Tribunal de Cuentas relativo a contabilidad de 2010 y 2011

La Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento extremeño elaborará un dictamen sobre el informe anual de fiscalización de la comunidad autónoma correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en sesión de 27 de febrero de 2014, y que ha sido remitido a la cámara regional.

Cabe recordar que el fiscal de Tribunal de Cuentas habla en el
informe sobre contabilidad extremeña de 2010 y 2011 «de infracciones
penales y responsabilidades contables» en aspectos que, según ha
indicado el diputado de IU Víctor Casco, su formación entiende que «son
delicados».

   Dichos aspectos aludidos en el citado informe, según ha recordado
el ‘izquierdista’, son «fraccionamiento de distintos contratos para que
no tuvieran que pasar por la fase de concurso público, la selección de
personal sin acreditar los principios de concurrencia, publicidad y
objetividad, o determinados pagos y subvenciones no justificadas
convenientemente».

ACUERDO POR MAYORÍA

   El acuerdo de elaboración del dictamen ha sido adoptado en la
Comisión de Hacienda de este lunes con la conformidad de PP, PSOE e IU,
así como con el rechazo de PREX-CREX, por entender esta última formación
que el citado informe alude a cuestiones «recurrentes» y que se está
«usando de forma preelectoral» de cara a los comicios de 2015.

   En cualquier caso, una vez acordada por mayoría la articulación
del dictamen, PREX-CREX ha indicado que trabajará en la cuestión, pese a
considerar que en lugar de la decisión adoptada por PP, PSOE e IU «si
hay indicios (de presuntas irregularidades contables en el informe de
cuentas de 2010 y 2011)» debería acudirse –ha indicado la diputada
regionalista Fernanda Ávila– a Fiscalía «para saber si esos indicios
son ciertos o no son ciertos».

   De este modo, el acuerdo alcanzado este lunes supone que se abrirá
un plazo de 15 días para que los grupos parlamentarios soliciten
documentación a las instituciones que consideren oportuno, así como para
que planteen las peticiones de comparecencias que estimen convenientes
(tanto de interventores generales de la Administración regional
existentes en 2010 y 2011 como el actual, según han explicado los
diputados).

   Posteriormente, una vez obtenida toda la información y
sustanciadas las comparecencias que se determinen, una ponencia
compuesta por un representante de cada grupo (y con voto ponderado)
elaborará el dictamen que votará la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y
que será finalmente enviado a pleno para su aprobación definitiva si
procede.

INICIATIVA NUEVA

   La elaboración de un dictamen sobre un informe de fiscalización
del Tribunal de Cuentas relativo a contabilidad autonómica de
Extremadura es una iniciativa «nueva» que es la primera vez que se
utiliza (en virtud de los artículos 267, 268 y 269 del Reglamento del
Parlamento regional), según ha explicado la presidenta de la Comisión de
Hacienda, Emilia Guijarro.

   En este punto, el portavoz del Grupo Socialista, Valentín García,
ha recordado que hasta el momento la cuestión era sustanciada a través
de una comparecencia del interventor general autonómico de turno y de la
valoración «política» de la misma.

   A su vez, el diputado de IU Víctor Casco ha recordado que el
fiscal de Tribunal de Cuentas habla en el informe sobre contabilidad
extremeña de 2010 y 2011 «de infracciones penales y responsabilidades
contables» en aspectos el ‘izquierdista’ entiende «son delicados» como,
ha dicho, «fraccionamiento de distintos contratos para que no tuvieran
que pasar por la fase de concurso público, la selección de personal sin
acreditar los principios de concurrencia, publicidad y objetividad, o
determinados pagos y subvenciones no justificadas convenientemente».

   Casco ha apostado así por la elaboración de un dictamen que
permita un «estudio serio y razonado» sobre el informe del Tribunal de
Cuentas, «entre otras cosas porque en el mismo se recogen una serie de
propuesta y de peticiones que realizan los propios responsables del
informe que le piden a la Administración General que tomen en cuenta» y
sobre las que, según ha añadido.

   IU entiende que «sí sería positivo» que la Asamblea de Extremadura
se pronunciara sobre las conclusiones del informe y sobre las
propuestas que se realizan en el mismo, para que se eleven al Gobierno
autonómico «para que en actuaciones posteriores no cometiera los errores
o las equivocaciones, como se quiera denominar, que se ponen de
manifiesto en este informe (del Tribunal de Cuentas)».

   Además, tanto Valentín García (PSOE) como Beatriz Villalba (PP)
han defendido la idoneidad de modificar el artículo reglamentario de la
cámara extremeña que permite «rechazar la cuenta general» en virtud de
la conclusión que pueda extraerse del dictamen que se extraiga, algo que
según ha apuntado el portavoz socialista «políticamente no va a
contribuir en nada», por lo que ha coincidido con la diputada ‘popular’
en la pertinencia de su modificación.

   Finalmente, Villalba (PP) ha insistido en que debe elaborarse a
juicio de su formación un dictamen sobre el informe en cuestión del
Tribunal de Cuentas en aras de «la transparencia y la objetividad»,
porque posibles «fraccionamiento de contratos» como los aludidos en
dicho estudio –ha indicado– «perjudica la visión que tienen los
ciudadanos de los políticos y las instituciones».