CCOO de Extremadura ha ganado el juicio por el despido de los trabajadores de la empresa Avizor, adjudicataria de la seguridad del parque industrial de Navalmoral de la Mata, que tendrá que readmitir a estos trabajadores o indemnizarlos.
El
Juzgado de lo Social Número 2 de Cáceres ha dado la razón al sindicato en el
recurso que presentó por la improcedencia del despido el pasado mes de
diciembre de varios trabajadores de seguridad que venían desarrollando su
trabajo dicho parque.
La
sentencia, ha señalado el sindicato, reconoce que las causas que alegaba la
dirección de Avizor, para el despido de estas personas no eran ciertas, y
obliga a la empresa a la readmisión de los trabajadores y al pago de los
salarios dejados de percibir desde la fecha del despido o una indemnización de
33 días por año.
Esta
decisión de la Justicia sienta base para el recurso que presentó por los mismos
motivos en el parque industrial de Mérida, donde también Avizor es la
adjudicataria del servicio de seguridad privada y donde igualmente realizó
despidos injustos en las mismas fechas.
Por
otra parte, añade, esta sentencia carga de más razón los argumentos de CCOO
cuando denuncia que es incomprensible como la Junta de Extremadura permite a
empresas como ésta cometer estos abusos con sus trabajadores sin que tenga
consecuencias y salga impune de su mala actuación.
El
sindicato considera que tendría que extinguirse el contrato de adjudicación del
servicio de seguridad y vigilancia que Avizor mantiene con Avante y se le
debería penaliza en posibles nuevos concursos, ya que no se entiende como, con
dinero público, se adjudican contratos a empresas que no cumplen con los
derechos laborales.
Asimismo
se ha ofrecido a colaborar con la
Administración regional para facilitar todos los datos necesarios para
corregir esta situación y espera que ésta responda y controle a las empresas
privadas a las que les contrata servicios.
Como
trasfondo, añade el sindicato, “está una política de adjudicación de los
concursos públicos basada únicamente en
criterios economicistas, como el caso del concurso de seguridad del complejo
Hospitalario de Cáceres, cuya valoración se basa en la oferta económica en un
90 por ciento”.
“Esta
política de adjudicaciones, hace que los concursos públicos le sean adjudicadas
a empresas que suelen incumplir las obligaciones que tienen para con los
trabajadores y trabajadoras”, ha apostillado el sindicato.
