El Ejecutivo extremeño impulsará una reforma de la Ley de Cooperativas de Crédito autonómica que propone, entre otras cuestiones, que todas las operaciones de fusión, integración u absorción entre entidades de crédito deban contar con la autorización del Consejo de Gobierno regional, previo informe del Banco de España.
Esta
circunstancia se aplicará, según ha explicado la vicepresidenta extremeña,
Cristina Teniente, a las operaciones entre entidades extremeñas y también a
«cualquier forma de cesión de activo y de pasivo o de cesión de negocio
financiero que afecte a una cooperativa de crédito en Extremadura».
Al
mismo tiempo se modificará el actual modelo de votaciones y de representatividad
en la asamblea general de las cooperativas de crédito, de tal forma que cada
socio pase a poder representar como máximo a otros cinco socios.
De igual modo, la modificación establece que
los acuerdos de integración, cesión y fusión (en definitiva de
«transformación» del modelo de las entidades de crédito) deba ser
aprobado por una mayoría «reforzada» de cuatro quintos de los votos
de la asamblea general de la cooperativa de crédito en cuestión.
Según
ha destacado la vicepresidenta, lo que se pretende con estas medidas es
«compatibilizar la libre decisión de los socios de las entidades con el
control que le corresponde a la administración», así como
«blindar» sus «estructuras» ante operaciones como las que
recientemente se ha vivido entre Caja Rural de Extremadura y entidades
andaluzas, entre otras.
PAPEL ACTIVO DE LOS
SOCIOS
Según
ha dicho, la reforma tiene asimismo como objetivo que los cooperativistas
«tengan un papel mucho más activo” a través de la eliminación del “abuso
de la delegación de votos que históricamente se ha producido».
La
vicepresidenta ha señalado también que el Ejecutivo regional considera que la
«experiencia» vivida recientemente con el SIP de Caja Rural de Extremadura
obliga a modificar cuanto antes algunos aspectos de la citada ley.
Entre
los objetivos de la reforma legislativa se encuentra, así, el de «impedir
que pueda volverse a consumar un SIP o una fusión como la que estuvo a punto de
realizarse» entre la citada entidad extremeña y cajas rurales andaluzas, y
la cual «sólo se consiguió evitar con una actuación decidida no sólo del
Gobierno de Extremadura sino también reforzada por el conjunto de las fuerzas
políticas de la región, por los agentes económicos y sociales y, en definitiva,
por el conjunto de la sociedad extremeña».
De
este modo, la Administración regional considera imprescindible que las cajas de
la comunidad «no sólo conserven la identidad extremeña sino que se fomente
además una mayor participación de los socios en los acuerdos que adoptan sus
asambleas generales».
Teniente
ha añadido que la pretensión es que las decisiones en las cajas «se tomen
con el debido debate entre un gran número de socios» porque –apunta–
«ayuda a estabilizar y a reforzar el devenir societario de la
entidad».
Se
trata, en suma, de «limitar» las «delegaciones de voto» o
«votos por representación» que, según Teniente, «demuestra la
experiencia que anulan a veces la participación en las cooperativas de su
propia caja rural».
CAJA RURAL
La
propuesta de reforma legislativa, según ha indicado, surge después de que el
presidente de Caja Rural de Extremadura, de forma consensuada con el comité de
empresa de esta entidad, haya pedido que se analice la situación vivida en
Extremadura como consecuencia del SIP finalmente roto por la citada caja con
entidades andaluzas, y que se puedan adoptar las «modificaciones que sean
necesarias para evitar que situaciones como ésta se repitan».
Teniente
ha insistido en este sentido en que el objetivo de la reforma de ley es
«garantizar» que los «mecanismos de control» del Gobierno
autonómico sobre dicho tipo de operaciones de fusión, absorción, etcétera, de
entidades de crédito puedan «reforzarse», así como para
«garantizar» que los procesos de representatividad de los socios
puedan estar «mejor garantizados» a través de una limitación de los
«abusos que se hacen al final con las delegaciones (de votos)».
«La
modificación la impulsa el Gobierno pero viene también estimulada esa reflexión
por parte de las entidades de crédito afectadas por la Ley de Crédito
Cooperativo», ha concluido.
