Las Sociedades Científicas de Medicina de Familia de Extremadura (Semergen, SexMFyC, y SEMG) han criticado la aplicación de la norma autonómica que a su juicio «restringe» la prescripción de ciertos medicamentos a algunas especialidades médicas, excluyendo a la Atención Primaria.
En
este sentido, han pedido a la Administración extremeña que
«reconsidere» esta decisión al entender que repercute en la
«atención integral, eficaz e individualizada» que requieren los
pacientes crónicos.
A su juicio, la normativa de visado de
medicamentos que «restringe» la prescripción según especialidad
médica, en lugar de visar el medicamento en atención a los condicionantes
clínicos concretos del paciente, «colisiona» con la Ley 29/2006, de
26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos
sanitarios.
Dicha
ley, han recordado, reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener
medicamentos en condiciones de igualdad en todo el Sistema Nacional de Salud.
De
esta forma, han asumido la existencia de un nivel de control
«especial» mediante visado en ciertos medicamentos, pero a la vez han
estimado que la competencia en la prescripción de fármacos indicados en
patologías prevalentes debe estar «garantizada» para los médicos de
Atención Primaria.
Al respecto, han recordado que uno de los
objetivos de la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema
Nacional de Salud marca optimizar la terapia farmacológica en los pacientes con
tratamientos crónicos, con especial atención a los pacientes polimedicados, y
para ello recomienda establecer una política de prescripción de medicamentos
con objetivos comunes entre los distintos niveles de atención sanitaria.
Por
ello, estas sociedades han alertado de que el mantenimiento de estos criterios
de visado de medicamentos accesibles a otras especialidades médicas pero
«negados» al médico de Atención Primaria, puede conllevar una
«menor calidad asistencial» en la atención a ciertos pacientes que se
pueden beneficiar de estas terapias.
Según
han considerado, supone un «retraso» en el acceso a ciertos fármacos
financiados por el sistema público; afecta al derecho de recibir en cada
momento el tratamiento más adecuado y «atenta» contra el principio
autonomía de este nivel asistencial.
