La Guardia Civil ha desarticulado una organización internacional dedicada al cobro de deudas a empresarios de España, Portugal y diversas partes de Europa mediante el uso de la violencia, amenazas y coacciones en una operación, denominada ‘Explosiva-Juan’, en la que han sido detenidas siete personas y que se ha desarrollado en Pontevedra, Badajoz, Madrid, Guadalajara y Cantabria.
Los agentes han intervenido un arma de fuego simulada, diverso
material altamente sofisticado de vigilancia y seguimiento y más de una
decena de matriculas falsificadas de varios países europeos. Tanto el
cabecilla de la red como su lugarteniente han ingresado en prisión sin
fianza.
La operación, según ha informado la Guardia Civil en un
comunicado, ha sido dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 2 de Tudela y el Juzgado de Instrucción número 2 de
Guadalajara. Las unidades orgánicas de Policía Judicial de la Guardia
Civil de Navarra y Guadalajara, junto a agentes de diversas
especialidades, han sido las encargadas de llevar a cabo la operación.
La investigación se inició en agosto del pasado año a raíz de
varias denuncias presentadas ante la Guardia Civil en las que las
víctimas manifestaban estar sufriendo amenazas y extorsiones por parte
de determinadas personas pertenecientes a una empresa dedicada al cobro
de deudas contraídas por las víctimas con otras personas o empresas.
En las investigaciones la Guardia Civil constató la existencia de
una organización que trabajaba para una empresa denominada ‘Eurobulldog’
(www.eurobuldog.es),
dedicada al cobro de deudas, aplicando técnicas para «el cobro
extrajudicial a nivel internacional», que operaba en España, Portugal y
el resto de la Unión Europea, valiéndose de dos domicilios fiscales
establecidos en las ciudades de Madrid y Lisboa.
Los agentes comprobaron que dicha web no estaba registrada como
empresa mercantil y que no contaba con los mecanismos legales para el
cobro de los servicios prestados ni para el pago de las obligaciones
tributarias derivadas con la relación laboral que ofrecía en la página
web, consiguiendo de esta forma obtener un beneficio económico. Dicha
empresa, ha explicado la Guardia Civil, actuaba desde una vivienda
situada en la provincia de Pontevedra.
Posteriormente, los agente de la Guardia Civil pudieron determinar
que el cabecilla de la organización era el que presionaba a los
deudores en compañía de uno de sus lugartenientes utilizando amenazas y
violencia física.
Una vez localizados los miembros de la organización, los agentes
establecieron un dispositivo de seguimiento y control sobre ellos dando
como resultado la detención de todos los integrantes de la red.
PEDÍAN UN PORCENTAJE DE LA DEUDA
La organización, ha detallado la Guardia Civil, ofrecía los
servicios de su empresa a los clientes a través de una web desde donde
los empresarios contactaban con el cabecilla. Una vez establecidos los
contactos entre ambas partes el empresario proporcionaba los datos e
información de la víctima, así como la cuantía económica a la que
ascendía la deuda contraída.
Posteriormente, dependiendo de la cantidad de esta cuantía,
dificultad, desplazamiento o medios a emplear para obtener el cobro, la
red determinaba mediante la firma de un contrato falso, el porcentaje
con el que se quedaba por la recuperación de la deuda o de lo contrario
el empresario pasaría a formar parte de los morosos.
Para dar una apariencia legal a la empresa la organización se
estructuraba en varios niveles. Para proceder al cobro de las deudas la
organización contaba con los encargados en emplear violencia contra las
víctimas y cometer extorsiones y amenazas. Normalmente personas de
origen latinoamericano y de gran corpulencia (algunos de ellos dedicado
al culturismo profesional).
Asimismo, la organización utilizaba vehículos de alquiler y sin
rotular a los que cambiaban la matrícula original por una portuguesa
para obstaculizar la labor policial.
TENTATIVA DE HOMICIDIO
Según ha detallado la Guardia Civil, una vez que la organización
localizaba a los supuestos morosos realizaban visitas intimidatorias,
amenazantes e insultantes a los domicilios de las victimas o a los
familiares más cercanos y vulnerables.
A continuación, en las sucesivas visitas iban subiendo el grado de
violencia, hasta tal punto que «una de sus visitas finalizó con una
tentativa de homicidio de uno de los supuestos deudores».
