Agentes de la Policía Nacional han detenido a 313 personas e imputado a otras 328, principalmente en las provincias de Barcelona y Girona, por fraudes a la administración pública que superan los 7’7 millones de euros.
Han
sido detenidas en tres investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional en
las provincias de Barcelona, Girona, Lleida, Valencia, Madrid, Cáceres y
Alicante
Mediante
la creación de un total de 29 empresas ficticias en la provincia de Barcelona,
habrían logrado producir 1.544 altas en la Seguridad Social de forma
fraudulenta con el fin de cobrar prestaciones y subsidios por desempleo o la
obtención y renovación de permisos de residencia.
Las
tres investigaciones ahora finalizadas comenzaron hace varios meses al ser
detectadas las empresas que podrían estar cometiendo fraudes a la Seguridad
Social y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tanto por agentes de la
Policía Nacional como por inspectores de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
La
primera de ellas se inició por la UCRIF de Girona al detectarse un total de
doce empresas ficticias, con domicilio social en la ciudad de Barcelona, que se
estarían dedicando a dar de alta a trabajadores extranjeros para que, de forma
fraudulenta hasta un total de 744, pudieran cobrar prestaciones o subsidios por
desempleo u obtener permisos de residencia.
Dos
varones indigentes de nacionalidad marroquí constaban como administradores de
cinco empresas uno, y siete empresas el otro.
En
esta operación se han detenido a 105 personas e imputado a otras 144, en su
inmensa mayoría marroquíes, en las provincias de Barcelona, Girona, Castellón,
Madrid, Cáceres y Alicante.
El
fraude ocasionado a la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos
ilícitamente asciende a 3’8 millones de euros.
La
segunda de las investigaciones se desarrolló en Barcelona a raíz de una
denuncia presentada por un ciudadano quien afirmaba que tres varones
pakistaníes habrían creado una empresa ficticia usurpando su nombre y
falsificando su firma.
Comprobada
la denuncia, se constata la existencia de un total de seis empresas con
idéntica estructura y administradores, coordinadas y asesoradas por una
gestoría de la ciudad condal.
La
razón de existir de dichas empresas era simular contratos de trabajo y
posteriores despidos a ciudadanos extranjeros que precisaran regularizar su
situación administrativa en España o adquirir los derechos requeridos para
poder percibir prestaciones o subsidios por desempleo.
Se
han detenido a 53 personas e imputado a otras 44, en su mayoría pakistaníes, en las provincias de
Barcelona, Lleida, Valencia y Getafe (Madrid).
El
fraude ocasionado con la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos
ilícitamente asciende a un millón de euros.
La
tercera de las operaciones se inició en junio de 2013 cuando se recibieron informaciones
referentes a la existencia de una empresa ficticia, dedicada a la construcción,
en Mataró (Barcelona). Las investigaciones permitieron detectar otras once
empresas que tenían en común a sus administradores de origen marroquí y el
domicilio social.
Entre
todas ellas se comprobó el trasvase de trabajadores, dándoles de baja en unas
y, acto seguido, alta en otra mediante contratos falsos de trabajo que
permitirían a los interesados solicitar o renovar sus permisos de residencia y
acumular los periodos mínimos exigidos por la ley para cobrar prestaciones o
subsidios por desempleo.
La
trama estaba integrada por su máximo responsable, un ciudadano español de
origen marroquí, intermediario y captador, con el asesoramiento profesional de
una gestoría de Mataró. Se han detenido a 155 personas e imputado a otras 74,
en su mayoría marroquíes, en la
provincia de Barcelona.
El
fraude ocasionado con la Seguridad Social, por impago de cuotas, y al Servicio
Público de Empleo Estatal (SEPE) por prestaciones y subsidios obtenidos
ilícitamente asciende a los tres millones de euros.
A
los detenidos se les imputan presuntos delitos contra la Hacienda Pública y la
Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental
y estafa.
