La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha señalado que le «quita el sueño» que pueda pasar algo en el edificio afectado por el derrumbe del techo del restaurante Wok en abril de 2012, y ha asegurado que el empeño del consistorio en reforzar las viviendas «no es un empecinamiento» sino que, ahora, un juez le da la razón al desestimar la demanda presentada por la comunidad de propietarios contra el ayuntamiento.
Así, una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cáceres da la razón al ayuntamiento que había decidido acometer las obras necesarias de forma subsidiaria por motivos de seguridad.
«Nos preocupa la vida de la gente» y «puede haber riesgo», ha dicho la alcaldesa, «no duermo muchas noches pensando que pueda ocurrir algo, porque la sentencia dice que están en peligro y eso me quita el sueño», ha subrayado, añadiendo que el ayuntamiento ha actuado por el «interés general de los vecinos».
Ha vuelto a mostrar su disposición de ayudar a las familias afectadas para encontrar soluciones a la financiación de las obras y la forma de pagarlas.
No obstante, la sentencia no es firme y cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por lo que el proceso podría alargarse todavía más, según ha reconocido Nevado, quien ha asegurado que «si ese día (el del derrumbe) hubiera estado alguien comiendo en el restaurante hubiera sido una de las desgracias más grandes de la ciudad».
Cabe recordar que un par de personas resultaron heridas leves ya que justo donde se desplomó el techo no había ningún comensal sentado a la mesa.
Tras el derrumbe del techo del restaurante los vecinos de las viviendas y de los locales afectados tuvieron que acometer una serie de obras y ellos consideran que son ya suficientes y que sus casas no corren peligro.
Algo en lo que difiere el informe técnico realizado por el consistorio que considera que deben realizar más obras de refuerzo del inmueble.
Como los vecinos no las han acometido porque aseguran que su capacidad económica no se lo permite, el ayuntamiento decidió realizarlas de forma subsidiaria, adelantando el dinero y cobrándoselo después a los propietarios, pero estos no dejaron entrar a los operarios para realizar las obras e interpusieron una demanda en los juzgados que ahora ha sido desestimada.
La sentencia asegura que «las dudas sobre la necesidad del refuerzo han de resolverse a favor de la decisión del Ayuntamiento» y que «lo que está en juego es la seguridad de las personas» por lo que considera que «la administración debe seguir los criterios de sus técnicos» y, por lo tanto, acometer las obras que considere necesarias para el refuerzo estructural de las viviendas.