Nogales, IU, presenta una querella contra Caja Rural de Extremadura por “revelación de secretos”

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El diputado de IU Alejandro Nogales ha presentado este viernes ante el Juzgado de Instrucción de Badajoz una querella contra Caja Rural de Extremadura por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos. Una querella que en principio se presenta contra la persona jurídica Caja Rural de Extremadura, aunque posteriormente podrá ampliarse “contra las personas físicas responsables cuya implicación en los hechos salgan a la luz en la instrucción de la presente causa”.

[Img #37267] La presentación de esta querella se produce tras las informaciones aparecidas en la última semana acerca de que Caja Rural de Extremadura reclamará por vía judicial a Alejandro Nogales el pago de un crédito que pidió en 1995.

 

   La querella presentada por el diputado de IU señala que, según estas informaciones aparecidas en el Diario Hoy, “ha sido la propia Caja Rural de Extremadura, persona jurídica imputable conforme al artículo 119 de la Ley de Enjuciamiento Criminal, la que ha facilitado, de modo oficial a través de sus dirigentes, los datos bancarios” de Nogales.

 

   Ante esta situación, recuerda la querella que el tratamiento de los ficheros o datos relativos a productos financieros y bancarios “debe cumplir con las exigencias y el nivel de seguridad social que dichos datos deben tener previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y Reglamento de desarrollo”.

 

   Añade además que en el sector de la banca “se debe aplicar el secreto bancario y la especial confidencialidad que se debe tener con respecto a los datos de los usuarios”, que según se recoge en la querella, “en la mayor parte de las entidades vienen desarrolladas en políticas de privacidad y compromisos específicos de confidencialidad”.

 

   Tras citar una serie de jurisprudencia ante este tipo de casos, la querella recoge además que la revelación de datos bancarios por la propia entidad relativos a préstamos, líneas de descuentos, o descubiertos en cuenta corrientes “se encuadra dentro del tipo penal previsto en el artículo 199.2 del Código Penal al haberse divulgado información de datos relativos a la esfera privada de la persona por quien ha tenido acceso a ellos”.

 

“INDICIOS DE MALICIA”

 

   Por eso y “conforme a una sólida jurisprudencia”, señala el texto de la querella que “la comisión de este delito ha de ser dolosa y no caben realmente indicios más flagrantes de la malicia e intencionalidad del querellado de divulgar estos datos amparados bajo el secreto” con el objetivo de “perjudicar la imagen pública” de Alejandro Nogales.

 

   La querella recoge además que Caja Rural de Extremadura celebra este mismo sábado Asamblea General de socios donde se elegirá nuevo Consejo Rector de la entidad, mientras que este pasado jueves, la Asamblea de Extremadura, de la que Nogales es miembro, aprobó una nueva normativa para las cooperativas de crédito “cuya aplicación podría ser decisiva en el resultado de las elecciones a cargos directivos”.

 

   Añade que “para la aprobación de dicha ley es imprescindible el voto favorable de la formación en la que milita Alejandro Nogales, de ahí el interés de la querellada en la persona del querellante”.

 

  “No estamos ante una filtración llevada a cabo circunstancialmente por algún informante secreto”, sino que se trata de “la facilitación oficial de los expedientes del señor Nogales por parte de los propios dirigentes de la entidad”, según señala en la querella, que añade además que la decisión de reclamar judicialmente las cantidades debidas “fue tomada por el Consejo Rector, algo insólito y extravagante atendiendo a la insignificancia de la deuda para la caja”.

 

   Y es que, apunta el texto, “la exigencia de este tipo de deudas forma parte de la gestión diaria de una entidad bancaria, sin que tenga que intervenir para nada los órganos directivos colegiados”, por lo que considera que esta información “pretende desprestigiar al político querellante, exhibiéndolo ante la información pública no sólo como incumplidor de sus obligaciones personales, sino como un político corrupto al que las entidades bancarias no reclaman sus deudas en razón a arcanos chanchullos y presiones”.

 

    En ese sentido, apunta la querella que Alejandro Nogales “carecía de responsabilidades políticas al momento de concertar los créditos”, y añade que en este caso “la falta de acciones del banco frente al moroso tienen su razón de ser en la conocida insolvencia del prestatario por aquellos entonces tras su fracaso empresarial”.

 

   Por todo ello, se suplica al juzgado que admita la querella y “proceda a la imputación de Caja Rural de Extremadura”, así como que se sigan los trámites previsto en el artículo 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “debiéndose celebrar la comparecencia prevista en el art. 775 de la ley procesal citada y el resto de rigor hasta la celebración de la vista oral”.

 

   Se reclama además que se requiera al querellado “que preste fianza por importe de seis mil euros y, de no hacerlo así, se proceda al inmediato embargo de sus bienes en cantidad bastante a cubrir la referida suma”, así como la declaración del representante legal del querellado.

 


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