El juzgado da la razón al SES y la ex consejera Mejuto seguramente deba repetir el examen

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El consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha afirmado que el juzgado ha dado la razón, punto por punto, a la Administración frente a los argumentos esgrimidos por la exconsejera María Jesús Mejuto, al tiempo que ha informado de los diferentes pasos que se están dando en relación al proceso de selección del personal de Cirugía General y Aparato Digestivo al que concurrió la exconsejera de Sanidad del Gobierno de Guillermo Fernández Vara.

 

Según el consejero, “este no es el triunfo del Gobierno, sino el triunfo de los opositores. Hoy ha ganado la transparencia y la confianza que los ciudadanos pueden tener en el sistema”, y ha subrayado que “los procesos selectivos en esta Administración, con este Gobierno, no volverán a convertirse en una fórmula para colocar a amigos o compañeros de filas, y los tribunales nos están dando la razón”.

 

Hernández Carrón informó que hace tres días el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida dictaba el auto en respuesta al recurso presentado el 21 de abril, que “desmonta la defensa de la señora Mejuto y respalda de forma rotunda las acciones legales que el Gobierno de Extremadura ha impulsado”, ya que “el auto no sólo no admite el recurso presentado por la exconsejera porque entiende que no se vulnera ningún derecho fundamental, sino que la condena, además, a hacer frente al pago de las costas, respaldando la actuación de la Administración en todo este proceso”.

 

Según el consejero, “este Gobierno ha sido acusado de constituir un tribunal de honor para perjudicarla, de haber diseñado una estrategia de persecución política, de haber vulnerado su derecho al honor, pero cada uno de esos argumentos ha sido desestimado uno a uno”, por lo que ha felicitado a los técnicos y a los servicios jurídicos por “el trabajo impecable que han llevado a cabo en defensa de la legitimidad con la que la Administración ha actuado en todo momento, con el único objetivo de hacer respetar los principios elementales de la igualdad, el mérito y la capacidad”.

 

Lo primero que se identifica en los razonamientos del Juzgado es una “clarísima llamada al orden a la señora Mejuto”, añade Hernández Carrón, por pretender aprovecharse de un procedimiento judicial que debe utilizarse para casos muy concretos que nada tienen que ver con los “argumentos irrazonados” que ella ha expuesto, con lo que “queda demostrado que esto era sólo un intento de saltarse la vía ordinaria, alegando una vulneración de sus derechos fundamentales que no se dio”.

 

Al mismo tiempo, el auto rechaza lo que a juicio de la exconsejera se trataba de una vulneración de su derecho a la igualdad. En este sentido, el juzgado “ha sido más que contundente” y le aclara que si alguien pudo haber vulnerado ese derecho fue ella misma, porque “ninguno de los opositores era consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura en el momento en que la dirección gerencia del SES convocó el proceso selectivo y nombró al presidente del tribunal de selección”, según dice textualmente el auto, que añade que “fue la señora Mejuto, como consejera de Sanidad, la que nombró al director gerente del SES”, circunstancia que, tal y como indica el auto, “ya es suficiente como para manifestar que no existe término de comparación entre la señora Mejuto y el resto de opositores que permita articular un eventual juicio de igualdad”.

 

El auto prueba también que el expediente iniciado desde el SES no es, en ningún caso, un procedimiento sancionador, y por tanto no es un ataque contra Mejuto. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo evidencia que lo que únicamente hizo el SES fue dar respuesta, mediante un procedimiento administrativo, a los recursos de aquellos opositores que consideraban que sus derechos habían sido vulnerados por las relaciones de amistad que entendieron que existían entre Mejuto y el presidente del Tribunal. “Dimos respuesta a los opositores que vieron quebrantados sus derechos, defendimos sus demandas, porque eso es lo que hace un Gobierno serio y es lo que refrenda ahora el juez”, añade Hernández Carrón.

 

Ante el argumento de que la ex consejera entendió, sin embargo, esa defensa como una acción sancionadora hacia su persona, con esa interpretación, tal y como aseguran los jueces, Mejuto estaría admitiendo que se ha cometido una conducta ilegal, porque una sanción es siempre la consecuencia de ésta, a lo que el consejero de Salud agrega que “en un intento por desvirtuar lo que son decisiones administrativas, la señora Mejuto llegó incluso a identificar este procedimiento como propio de un Tribunal de Honor. Gracias a esta tesis, hoy sabemos cómo concebía la señora Mejuto los procesos selectivos, porque comparar un tribunal de oposiciones con un órgano militar sólo se entiende si alguien se considera la capitana general de los opositores del SES”.

 

A este respecto, el juzgado que recalca también que “no se está creando ningún tribunal ad hoc”, y lo que se está haciendo, tal y como explica el auto, es modificar la composición de un tribunal en uno de sus miembros, que por otra parte es lo que se hace siempre cuando existe una recusación.

 

En cuanto a los efectos de este auto, además de inadmitir el recurso presentado por Mejuto y en lo que interesa a los opositores, se levanta la suspensión cautelar de la resolución del Director Gerente, por lo que continúa el proceso selectivo para aquellos que aprobaron, y da vía libre a la designación de un nuevo presidente del tribunal de selección para confeccionar un nuevo examen al que podrá presentarse la exconsejera si lo desea, que obtendrá una plaza como personal estatutaria fija en función de su calificación en esta nueva prueba.

 

A partir de aquí y en cuanto este auto devenga firme por no haber sido recurrido por María Jesús Mejuto ante el Tribunal Superior de Justicia, “nos pondremos a trabajar para que repita el examen cuanto antes”, dijo Hernández Carrón, quien insistió en que “defender la transparencia y la justicia de los procesos selectivos no es realizar una persecución política, sino una persecución a la corrupción y la ilegalidad, independientemente del color político, y los ciudadanos pueden estar tranquilos porque desde el Gobierno de Extremadura vamos a seguir velando por los derechos de todas las personas que desean acceder a un puesto en la Administración pública, con la ley en la mano”.

 

Finalmente, el consejero aseguró que “no se trata de perseguir a nadie; esto no es una cacería. Al contrario, es la aplicación de la transparencia política y administrativa que de verdad garantice el acceso a la función pública de todos los ciudadanos en condiciones de igualdad, mérito y capacidad”, apuntando la posibilidad de que “aún habrá quien caiga en la tentación de volver a hablar de persecución política, a pesar de lo que dice este auto, pero esta es una nueva oportunidad para demostrar a los ciudadanos quién está con la Justicia y quién prefiere seguir huyendo por la puerta de atrás”.


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