Las organizaciones profesionales agrarias UPA-UCE y COAG han resaltado que el Consejo Económico y Social (CES) de Extremadura ratifica en un dictamen las críticas realizadas por ellas al anteproyecto de Ley Agraria para la región.
Según han informado ambas organizaciones, el CES ha insistido en la «necesidad» de reanudar el diálogo con las organizaciones agrarias para «mejorar» la ley, además de «rechazar» el procedimiento para la determinación de la representatividad agraria por «no hacerse con todas las garantías y requisitos».
Asimismo, con respecto a la Disposición Adicional Primera del anteproyecto, referida al anuncio de blindar el 25 por ciento del presupuesto de la comunidad para destinarlo al sector agroalimentario, el CES ha destacado que esta propuesta «está redactada en términos muy amplios, sin la necesaria concreción a efectos contables».
En este sentido, para el CES, han apuntado UPA-UCE y COAG, «establecer este tipo de barreras presupuestarias tiene mucho de ejercicio de voluntarismo que puede coartar el margen de actuación para otro tipo de políticas. […] Lamentamos que el anteproyecto no contenga una memoria económica detallada que pueda dar soporte y credibilidad al conjunto de los objetivos que se persiguen».
Además, han informado las dos organizaciones, el dictamen, aprobado por unanimidad, es «especialmente crítico» con la introducción de la nueva Ley de representatividad agraria, incorporada al anteproyecto «pese a no contar con las garantías democráticas necesarias para la realización de unas elecciones».
Asimismo, el CES ha hecho hincapié en su dictamen, en opinión de UPA-UCE y COAG, en la «falta de propuestas» para aspectos como la igualdad de género en el medio rural, la incorporación de los jóvenes al sector o la prevención de riesgos laborales.
En esta línea, desde el CES destacan que el tratamiento de los temas del anteproyecto se hace de un modo «desigual», con algunos temas muy «cerrados» mientras que otra regulación se presenta «muy abierta dejando fuera muchas materias para su posterior desarrollo».
Las organizaciones profesionales agrarias UPA-UCE y COAG han recordado que, pese a su carácter consultivo, el Consejo Económico y Social de Extremadura es el «máximo órgano» de representación civil de la sociedad extremeña.
