El decreto-ley aprobado por el Gobierno de Extremadura y publicado el 29 de agosto en las páginas del DOE, supone «una auténtica agresión contra los parados y paradas y contra todas las personas a las que la crisis y las políticas antisociales están arrastrando a la pobreza, a la precariedad o la exclusión social», según destacan los Campamentos Dignidad de Extremadura.
Según destacan en Nota de Prensa; a pesar de que la Consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, Mª Ángeles Muñoz, afirmará que se trata de un nuevo texto que intenta «agilizar el procedimiento» y hacer frente al retraso en el pago de la renta básica a través de la «Lista Cero» antes de final de año; esta reforma se trata de «un fraude frutal» con las modificaciones incluidas en el nuevo decreto ley.
Según señalan se producirán recortes en las cuantías de la Renta Básica de Inserción: se suprimen los complementos del 10% por alquiler o hipoteca de vivienda y el 10% por discapacidad; eliminan el carácter complementario que la Renta Básica mantenía con respecto a otras prestaciones económicas; se establece una reducción de la misma si una vez reconocida algún miembro de la familia supera el 35% del importe de la Renta (400 Euros), una reducción que puede suponer que en muchos caso la cuantía de la Renta Básica sea de 100 Euros.
Asimismo, han destacado que este nuevo decreto-ley reduce el número de posibles beneficiarios, estableciendo una «unidad familiar de convivencia» integrada por todos los familiares de hasta el tercer grado de consanguinidad y afinidad. Además, Dificulta aún más el acceso para jóvenes emancipados entre los 18 y 25 años, exigiendo como requisito previo el alta en la Seguridad Social durante al menos dos años, así como acreditar un domicilio distinto al de los progenitores. Una Renta que también queda fuera del acceso para los autónomos con independencia de que su actividad «haya fracasado o no le aporte suficientes ingresos para sobrevivir». Y se excluye también a las personas que perciben una Pensión no Contributiva.
Otro de los aspectos destacado por Los Campamentos Dignidad es la «legalización e irrupción de las Agencias Privadas de Colocación y de las Empresas de Inserción»; así, será una infracción grave «negarse a participar en los programas de empleos o en las distintas acciones».
Para ellos, este nuevo decreto activará los mecanismos del clientelismo político social a través de una nueva definición de exclusión social donde los servicios sociales serán fundamentales; los Ayuntamientos tendrán la responsabilidad de los rechazos; y, refuerza las sanciones de una manera desproporcionada.
En definitiva, según destacan en Nota de Prensa, al Gobierno de Extremadura no le preocupa la «lista cero lo que le preocupa y mucho son las elecciones». Si le preocupara la agilidad «no incluiría dos medidas: la restricción de la solicitud de la Renta Básica a una convocatoria y la renovación del silencio administrativo». Para este Campamento lo único preocupante para el gobierno es «que haya 20.000 solicitantes y que exista un movimiento popular que está reclamando el pago». Para hacer desaparecer la lista lo que está haciendo es «una fuga hacia delante», están cerrando las ventanillas antes del 31 de diciembre y están denegando cuantas solicitudes sea necesario para abrirlas en vísperas de las elecciones, según han destacado.
Por ello desde este Campamento Dignidad se exige la Retirada Inmediata de dicho Decreto, y para conseguirlo se ha anunciado un proceso de movilizaciones que próximamente se debatirán en la Asamblea de los Campamentos y en la Columna Extremadura 22M que tendrá lugar el próximo 7 de Septiembre a las 11 horas en el Parque de las Siete Sillas.
