Los Centros Penitenciarios de Cáceres y Badajoz cuentan desde hoy con vigilantes de seguridad privada que realizarán turnos de trabajo de 24 y de 12 horas. De esta forma, el Gobierno deja clara su apuesta por el modelo de gestión privada en las prisiones.
En este sentido, CSI-F denuncia que mientras existe una oferta de empleo privado de 800 trabajadores anuales, la oferta de empleo público para Instituciones Penitenciaria en los últimos años ha sido de 84 empleados para la apertura entre 2009 y 2012 de 14 Centros de Inserción Social (cuya relación de puestos de trabajo de cada centro es de 100 efectivos) y cinco macrocentros.
CSI-F, considera que la oferta de empleo público es insuficiente para un sector prioritario y para la calidad del servicio que presta este colectivo de funcionarios que pone en riesgo sus vidas por la cantidad de agresiones que sufre cada año.
Hasta ahora, el Ministerio del Interior no ha trasladado a los agentes sociales el precio del servicio ni el montante total que supone la contratación de este personal . Aquellos servicios cuya prestación necesite el uso de arma se le aplicará un sobrecoste y la duración del contrato será de un año, contemplándose la posibilidad de prórroga.
CSIF entiende que prevalecen los intereses económicos a una buena gestión de los recursos humanos de la Institución Penitenciaria, con un gasto público para empresas privadas que es totalmente inaceptable.
