Extremadura reducirá de 16 a 10 el número de días festivos de apertura autorizada para el comercio en Badajoz, Cáceres, Mérida y Moraleja.

La propuesta de impulso presentada por el PREX-CREX para reducir de 16 a 10 el número de días festivos de apertura autorizada para el comercio en Badajoz, Cáceres, Mérida y Moraleja se ha aprobado con los votos favorables del PSOE, IU Y PREX-CREX.

El portavoz del Prex-Crex Damián Beneyto presentó esta propuesta de impulso en el Pleno de Extremadura recordando que hace algo menos de un año se acordó en el Consejo de Comercio de Extremadura la ampliación de los festivos de apertura para las ciudades de gran afluencia turística (Badajoz, Cáceres, Mérida y Moraleja) bajo la premisa de que dicha medida sería revisada a la vista de la evolución de las ventas y el aumento de la contratación del sector. Pero según destacó ni se han aumentado las ventas ni se han creado puestos de trabajo.

Por parte de los grupos políticos, tanto el diputado de IU Víctor Casco como el del PSOE Francisco Martín han coincidido en los argumentos expuestos por Damián Beneyto.

 Finalmente, el diputado del PP Hipólito Pacheco ha recordado que las aperturas autorizadas en festivos en Extremadura son 10 al año, el «mínimo» que permite la legislación nacional, y que excepcionalmente se permiten 6 más de apertura a las cuatro zonas declaradas de gran afluencia turística.

   Asimismo, ha incidido en que el Gobierno de Extremadura «no legisla a favor ni en contra de nadie», y ha pedido que Beneyto retirase la iniciativa hasta esperar que se reúna el Consejo de Comercio, que analice los datos oficiales y que se respete la decisión que allí se tome.

También el Pleno del Parlamento aprobó con los votos de la oposición la propuesta de impulso para evaluar el Plan Integral de Salud Mental, una propuesta presentada por el Grupo Socialista.

La diputada del PSOE Consolación Serrano ha considerado que los problemas de salud mental representan una cuestión de salud pública con una importante carga social y económica, además de que supone una pérdida de calidad de vida superior a otras enfermedades crónicas.

Asimismo, ha recalcado la socialista que ningún ciudadano está exento de padecer una enfermedad mental a lo largo de su vida, y ha abogado por liberar prejuicios y etiquetas en torno a la salud mental.

La diputada del PRex-Crex, Fernanda Ávila, destacó que su grupo está a favor de esta propuesta porque este colectivo está sufriendo los recortes de Monago y una falta de voluntad política. Según afirmó el Gobierno debe reconocer que «llevan más de 3 años sin hacer nada».

El diputado de IU, Pedro Escobar, destacó que es «de cajón» la iniciativa que propone el PSOE, ya que ha considerado que se deben evaluar los planes para ver los aspectos que se han cumplido.

«Vamos a ver qué es lo que se ha hecho bien para reiterar en ello, lo que se ha hecho mal para corregirlo y para introducir las mejoras correspondientes. Naturalmente cualquier mejora que se introduzca sin la correspondiente dotación presupuestaria, sin el correspondiente equipamiento personal seguiría estando en el papel que lo aguanta todo», informó.

Por su parte, la Diputada Popular, Francisca Rosa, dijo que Serrano «no ha dicho casi ninguna verdad» y ha criticado que el PSOE en sus épocas de gobierno prometieran construir infraestructuras para la atención de las personas con enfermedad mental y las mismas no se llevarán cabo, por lo que ha considerado la propuesta como «extemporánea», ya que se tenía que haber presentado en época de Vara, destacó.

Otra de las propuestas de impulso también aprobadas con los votos  de la oposición fue sobre la protección para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

La diputada socialista, Marisol Mateos, ha sido quien ha presentado esta propuesta en el pleno de la asamblea  que ha contado con el apoyo del PSOE, de IU y de PREx-CREx, y con  el voto en contra del PP. Cabe indicar que dicha iniciativa ha salido adelante en segunda votación, ya que en la primera se ha producido un empate a 32 votos.

De igual forma, la iniciativa aprobada este jueves también insta al Gobierno de Extremadura a impulsar la constitución de un grupo de trabajo con representantes de los grupos parlamentarios, las entidades locales, los agentes sociales y el movimiento asociativo para realizar una evaluación sobre el impacto de la Ley de la Dependencia.

 Por parte de los grupos políticos, el PSOE, IU y PREx-CREx han coincidido en criticar los recortes que se han venido sucediendo en los últimos presupuestos en cuanto a la atención a la dependencia.

En el turno del PP, la diputada Teresa Tortonda ha manifestado que «todos y cada uno de los datos» y «todos y cada uno de los argumentos» expuestos por la diputada socialista son «mentiras» y «falsedades».

PLAN DE CHOQUE CONTRA EL FRAUDE FISCAL

También en el Pleno se aprobó por unanimidad la creación de una comisión de seguimiento contra el fraude fiscal en la región, a través de la cual, se impulsará la puesta en marca de un Plan de Choque en favor de la lucha contra el fraude que incluirá, entre sus medidas, una normativa propia.

La creación de esta comisión se ha producido tras la aprobación del dictamen elaborado por la Comisión no permanente de estudio sobre fraude fiscal de la Cámara autonómica.

Entre los resultados de dicho informe se considera «fundamental» realizar «estudios oficiales» sobre economía sumergida, así como una reforma «en profundidad» de la Agencia Tributaria y en este punto «mejorar» la coordinación de ésta, con las haciendas autonómicas.

Por todo ello, el Parlamente regional propone un «gran pacto» contra el fraude fiscal que, además del Plan de choque, impulse la elaboración de una normativa fiscal «propia» recogiendo medidas «eficaces» de lucha contra el fraude, además de «promover» la «ética» fiscal a través de campañas de concienciación y colaboración ciudadana.

En este sentido, también recomienda endurecer las sanciones contra el fraude y el delito fiscal, así como reforzar las medidas y mecanismos que permitan el cobro «efectivo» de la deuda y el daño producido a la sociedad extremeña.

 Finalmente, a través de este «gran pacto» entre los grupos parlamentarios y la sociedad civil, planteará que se destinen «más recursos», tanto económicos como humanos, para detectar los «nichos» de fraude en la comunidad.