El Gobierno de Extremadura destinará 1,3 millones de euros para el mantenimiento de 137 plazas de personas mayores en situación de dependencia en centros residenciales y de día de titularidad municipal de seis localidades extremeñas.
El consejero de Salud y Política Sociosanitaria, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha informado de la concesión de subvenciones directas a seis ayuntamientos de la Comunidad Autónoma para este mantenimiento.
En concreto, el municipio de Torrecilla de la Tiesa recibirá una subvención de 188.700 euros para el mantenimiento de 17 plazas en el centro residencial municipal, mientras que el de Burguillos del Cerro recibirá 122.000 euros para el mantenimiento de 20 plazas en su centro de día.
Por su parte, al Ayuntamiento de Guadalupe se destinan 91.500 euros para el mantenimiento de 15 plazas en su centro de día; 410.700 al de Torre de Don Miguel para 37 plazas en su centro residencial; 66.600 al de Brozas para seis plazas en su centro residencial; y 466.200 al de Hervás para el mantenimiento de 42 plazas en su centro residencial.
Unas subvenciones, que según ha destacado el titular de Salud y Política Sociosanitaria «atiende a la demanda social» para favorecer que los mayores permanezcan en su entorno «con servicios de calidad».
Así ha indicado que estas ayudas están «en sintonía» con las aprobadas en la pasada reunión del Consejo de Gobierno, unas aportaciones, entre las dos últimas sesiones, que suman 4,5 millones para atender a los mayores y que se eleva a los 7 millones si se incluye la contratación de 38 plazas residenciales para salud mental.
Según destacó, estos datos desmientes las afirmaciones que «determinados sectores» han realizado sobre la «paralización de la ley de Dependencia» y el «recorte de fondos» para su mantenimiento. Puesto que Extremadura «invierte por cada persona en situación de dependencia 4.000 euros más que la media española». Así, mientras la comunidad extremeña invierte 13.000 euros por dependiente, la media nacional está en 9.000 euros.
Dentro de política sanitaria, el Consejo de Gobierno también aprobó por 7.765.334 euros de Euros y 24 meses la contratación y el mantenimiento de la plataforma Jara. Este servicio garantizará el «correcto y efectivo funcionamiento» de las aplicaciones de estos sistemas de información, que están presentes en todas las dependencias de atención sanitaria primaria y especializada de la región y en los servicios centrales.
Una plataforma que según Hernández Carrón ha posicionado a Extremadura y el Sistema de Sanidad como un referente nacional e internacional, por ser el más completo e interconectado de toda Europa.
Sobre la comercialización, Carrón ha explicado que en estos momentos se está en la «fase de análisis» para determinar el alcance del licenciamiento que tiene Jara en la región y ha añadido que, se buscaría «rentabilizar la inversión millonaria» que durante años se realizó para alcanzar el grado de desarrollo con el que cuenta y potenciar a su vez la «marca Extremadura» como un elemento «innovador».
Una mejora que, según Carrón, también se desplazará al ámbito económico, ya que su puesta en valor como «producto diferenciado», su comercialización y su implantación permitirá que el SES genere, «si es posible, ingresos procedentes de aquellos países que adquieran Jara» o incluso desarrollar tecnología y software factory en Extremadura que permite implementar esos servicios en otros países.
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado la adhesión del Gobierno de Extremadura a la Plataforma Telemática de factura electrónica y que permitirá utilizar dicha plataforma como acceso y registro único telématico de las facturas electrónicas.
Cristina Teniente ha destacado que el sistema permitirá controlar todo el proceso de manera telemática, desde el inicio hasta la confirmación el pago, y la incorporación de la región a la plataforma estatal no sólo no supondrá ningún coste económico, sino que va a permitir «un ahorro anual superior a los 130.000 Euros, teniendo en cuenta que la administración regional abonó aproximadamente un total de 48.000 facturas en el ejercicio en curso».
Así, Teniente ha indicado que mediante la sustitución de las facturas en papel por las facturas electrónicas se consigue una ahorro medio de 2,77 euros por unidad para la administración, además de un 80 por ciento en la reducción de los tiempos de gestión entre la presentación de la factura y el pago de la misma.
La vicepresidenta ha explicado que la tramitación electrónica es obligatoria para las administraciones a partir del 15 de enero, con lo que mediante la aprobación de esta adhesión Extremadura cumplirá con dicha obligación antes de esta fecha.
La adhesión, según ha informado Teniente, se completará en las próximas semanas con otros acuerdos y convenios sobre contratación pública en registro oficial de licitadores y empresas clasificadas.