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Valentín García, PSOE, considera que la trama de la Operación Madeja se circunscribe a los funcionarios y no a los políticos

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El portavoz del PSOE en el Parlamento extremeño, Valentín García, ha afirmado que la detención de una persona en la Consejería de Fomento, en Mérida, en el marco de la Operación Madeja se circunscribe al «ámbito de los funcionarios, no de los responsables políticos», y ha recordado que el detenido «era jefe de sección y por tanto no era ni cargo político ni funcionario de libre designación» sino que «era un funcionario que había ganado su plaza en concurso como todos».

García  ha incidido en que el detenido «tenía un jefe de servicio por encima de él» que era, según ha dicho, José Luis Gil, «hoy director general en la Consejería de Agricultura y presidente de la Mesa de Contratación de la cual hoy han venido a por información y documentación y ha detenido a un funcionario la Guardia Civil», y ha apuntado en cualquier caso que él «no» tiene «ni la más mínima duda» de la «honorabilidad» del jefe de servicio que se encontraba, según ha dicho, «por encima» del detenido.

 

   «Por tanto, ni el jefe de servicio era un cargo político ni el jefe de sección por supuesto lo era, y prueba de ello es que hoy el que entonces era presidente de la mesa de contratación y jefe de servicio es director general del PP en la Consejería de Agricultura, don José Luis Gil, del cual no tenemos ninguna mínima duda de su honorabilidad ni de que haya hecho como funcionario perfectamente sus funciones». «Ahora, si otro funcionario hizo mal sus informes, lo tendrá que determinar el juzgado, que asuma sus responsabilidades», ha añadido.

 

   Tras reiterar así que la Guardia Civil ha detenido a «un funcionario» de la Consejería de Fomento y apuntar que el PSOE sigue «respetando» la presunción de inocencia de aquél, ha apostado por que «la justicia esclarezca absolutamente todo» y por que «si alguien ha hecho algo evidentemente tendrá que arrostrar su responsabilidad y arrostrar lo que la justicia le imponga».

 

   «Quien la haya hecho que la pague. Mientras tanto, presunción de inocencia del funcionario», ha subrayado.

 


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