CCOO y UGT han mostrado su rechazo al Anteproyecto de Ley de la Mujer Embarazada y de Apoyo a la Natalidad de Extremadura presentado por el Gobierno regional, porque a su juicio con esa propuesta se pierde el reconocimiento social y jurídico de la autonomía de las mujeres respecto a su derecho a la maternidad, garantizado en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010.
Si el Gobierno de Extremadura aboga por la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida tiene hoy el mejor instrumento para ello, añaden, que es la aplicación y el total desarrollo de las Leyes de Igualdad, tanto de ámbito estatal como en el autonómico.
Para UGT y CCOO la mejor política de apoyo a la mujer embarazada es que se fomenten políticas que garanticen una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito social y laboral: garantizando un empleo de calidad en iguales condiciones. «La mejor política de natalidad es desarrollar una Estrategia para el Fomento de la Vida Familiar, Laboral y Personal».
Por ello, ambas organizaciones sindicales rechazan el binomio “mujer embarazada” y “natalidad” que se pretende presentar en el Anteproyecto. La protección a la maternidad, de la que el embarazo es solo una parte, la corresponsabilidad familiar y la natalidad requieren el desarrollo de políticas públicas, que si bien pueden converger, deben ser diferenciadas.
La maternidad, como concepto social, es una parte de un proceso más amplio que afecta a mujeres y a varones en el ejercicio de una maternidad y paternidad responsables. La corresponsabilidad requiere de políticas públicas basadas, entre otras premisas, en permisos para ambos progenitores. Estos permisos han de ser remunerados, personales e intransferibles.
Sobre el apoyo a la natalidad, tal como se plantea en el anteproyecto, UGT y CCOO indican que no se garantiza el aumento de la población, sino que coloca la responsabilidad de la merma de demografía en las mujeres.
Las políticas de natalidad solo tendrían el efecto que persiguen, si van acompañadas de otras políticas sociales, económicas y culturales que permitan una red de servicios públicos de atención a la infancia y dependencia, una despenalización de la maternidad en las empresas y un cambio cultural en el papel de hombres y mujeres en la corresponsabilidad familiar.
Los dos sindicatos se posicionan totalmente contrarios a la creación de una Red de Apoyo a la Maternidad. En Extremadura ya existe una red de recursos y de servicios públicos especializados que ofrece información y asesoramiento personalizado; contando, entre otros con recursos de acogida o alojamiento temporal, mermados, eso sí, a causa de los efectos de las políticas de recortes sociales que los gobiernos tanto nacional como autonómico han llevado a cabo.
