Extremadura es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España.

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Según se desprende del VII Informe realziado por Foessa y Cáritas sobre exclusión y desarrollo social en españa 2014, en el cual se constata que sólo el 34 % de la población española está en situación de integración plena.

[Img #40265]En dicho informe, se alerta sobre la ruptura del contrato social que era la base de la estructura del bienestar. Ante el fracaso del actual modelo, es necesario revisar nuestras preferencias como ciudadanos y cuestionar las lógicas de la privatización, la individualización y la mercantilización.

 

El Informe propone articular una protección social armonizada en todo el Estado y garantizar una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios sociales públicos.

 

Como resultado del informe, en cuanto a la región extremeña se refiere, se ha establecido un Decálogo para la reflexión, que se basa en diez puntos:

 

1.- Extremadura es una de las comunidades autónomas con mayor riesgo de pobreza y exclusión social en España.

2.- Se ha producido un incremento moderado de la desigualdad en Extremadura, una evolución mucho más contenida que la de España.

3.- El núcleo central de la sociedad extremeña que llamamos integración plena, es ya una estricta minoría.

4.-Los problemas de exclusión que más afectan a la sociedad extremeña son los relacionados con el empleo, la vivienda y la salud.

5.-La mitad de la población de Extremadura sufre la exclusión del empleo.

6.-  Una cuarta parte de la población está afectada por factores de exclusión residencial (accesibilidad, adecuación, habitabilidad y estabilidad de la vivienda).

7.- El 18% de las personas en Extremadura se encuentran afectadas por la exclusión de la salud, reflejándose fundamentalmente en situaciones de privación y de dependencia.

8.- La red social próxima es intensa y plural, y es para muchas familias una tabla donde agarrarse ante la crisis.

9.-La exclusión social afecta mayoritariamente a las familias con niños y jóvenes.

10.- El riesgo de exclusión social se duplica en los desempleados de larga duración y los extranjeros no UE15.

 

Más de 90 investigadores de 30 universidades

 

Fruto de un vasto trabajo de investigación sociológica realizado en los últimos cinco años y en el que ha participado un equipo de más 90 expertos e investigadores de 30universidades de nuestro país,el Informe analiza de forma exhaustiva –a lo largo de casi 700 páginas, ocho capítulos y un anexo– cuestiones como el modelo social de nuestro país, la actual distribución de la renta, los procesos de exclusión social, el mercado de trabajo, el estado de bienestar, qué nueva sociedad surgirá tras las crisis, el capital social y cultural, la situación de España en el entorno internacional.

 

Las constataciones del VII Informe FOESSA ofrecen tanto elementos para la preocupación, dada la envergadura de los efectos que la crisis ha tenido en la estructura social del país, como razones para la esperanza, a la luz de las fortalezas que muestran ámbitos como la participación social, la solidaridad, el voluntariado y las redes familiares.

 

 

Empleo

 

El VII Informe FOESSA señala la existencia de una «generación expulsada» de trabajadores para losque ha mermado el tipo de puesto que desempeñaban y cuya cualificación es escasamente aplicable en otros sectores.

 

En la actualidad, la tasa de trabajadores excluidos se sitúa en el 15%. Y puede decirse que el trabajodeja de ser un espacio de consolidación de derechos para convertirse en un espacio devulnerabilidad y de pérdida de capacidad económica, social y personal.

 

Políticas sociales y estado de bienestar

 

Al analizar los efectos de las políticas de austeridad tanto en España como en el conjunto de la UniónEuropea, la investigación confirma que los recortes en servicios sociales y bienestar son incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza recogido en la Estrategia Europea 2020.

 

Al mismo tiempo, otros derechos, como sanidad, educación, protección social y apoyo a la dependencia presentan condiciones de acceso cada vez más restrictivas.

 

Para los autores, la conclusión es clara: las reformas en el sistema de bienestar social en España, especialmente las desarrolladas a partir de mayo de 2010, han supuesto una regresión en laspolíticas sociales.

 

PROPUESTAS

 

La Fundación FOESSA ha querido que el VII Informe, más allá del diagnóstico de la realidad social,pusiera sobre la mesa un repertorio de propuestas dirigidas al conjunto de la sociedad, de los poderes públicos y de los agentes sociales y económicos, que permitan atajar las causasestructurales de la exclusión social en España.

 

Estas propuestas se estructuran en tres ejes, orientados al ámbito del desarrollo social, al de los efectos de la pobreza y al de la construcción del bien común.

 

Para ello es necesario:

 

Considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y privación material como indicadores privilegiados que permitan un diagnóstico riguroso de desarrollo social.

Evaluar la acción política a la vista del impacto que tiene sobre estos indicadores, conespecial atención las políticas que contribuyen al auténtico desarrollo: sanidad, educación,empleo, redistribución de la riqueza y garantía de ingresos.

Conseguir que la protección social alcance estándares básicos en todo el territorio y que sehaga operativa a través de un sistema de «garantía de mínimos».

Desarrollar una protección social basada en el fortalecimiento de los servicios socialespúblicos, que no quede reducida a la mera gestión de las prestaciones económicas.

Construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la media europea. A esterespecto, los impuestos no pueden quedar al margen de la obligada cohesión social, ya queno es posible mantener un sistema de servicios públicos equitativo y de calidad sin la aportación de todos los ciudadanos al mismo, cada uno en función de sus ingresos y su patrimonio.

Considerar el gasto social como «inversión social», dando prioridad a aquellos ámbitos queson más correctores en términos de desigualdad, como sanidad, educación, pensiones yrentas mínimas.

Eliminar la sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el debilitamiento de losservicios públicos como por el impacto de la crisis.

Desarrollar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que contrarresten, entreotros, el riesgo actual que conlleva la presencia de menores en el hogar.

Poner en marcha una política eficaz que evite la transmisión intergeneracional de lapobreza, que es uno de los peligros latentes hoy y de especial gravedad para el futuro.

 

 

 

 

 

 

 

 


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