El juez Ruz transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, sobre los hechos de la primera época de la red (1999-2005) y da el paso para sentar en el banquillo a 43 personas, entre ellas Bárcenas, Lapuerta y Sanchís.
El juez Pablo Ruz vuelve a hacer temblar los cimientos de Génova 13. En el auto de transormación de la primera parte del sumario de la trama Gürtel, el magistrado ha incluido a la ministra de Sanidad, Ana Mato, como «participe a título lucrativo» de las mórdidas que la red de Francisco Correa pagó al que fuera su marido y alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Jesús Sepúlveda. Ruz considera que la actual integrante del Ejecutivo de Mariano Rajoy «habría disfrutado o se habría beneficiado, sola o en compañía de otros miembros de la unidad familiar» d servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de uso particular cuya cuantificación final deja al tribunal que presida el juicio. Misma figura jurídica recibe Gema Matamoros, mujer de otro exalcalde imputado, Guillermo Ortega.
Por el contrario, el auto ordena el sobreseimiento de la imputación que hace sólo un mes había recaído sobre el exministro del Interior y exsecretario general del PP, Ángel Acebes, por la compra de acciones de Libertad Digital con fondos de la supuesta caja ‘B’ del partido recogida en los papeles de Bárcenas. Para el juez, las diligencias practicadas en los últimos días no arrojan indicios sobre el eventual conocimiento que Acebes pudo tener de dicha operación, aunque considera que, según los estatutos del partidos, el mismo tenia entre sus obligaciones «un dbes especial de control o de vigilancia en relación a las actividades propias atribuidas al gerente», en referencia Luis Bárcenas.
Él extesorero es, de hecho, otro de los grandes protagonistas del auto dictado por el juez Ruz, ya que que considera que él y el que fuera diputado ‘popular’ Jesús Merino, recibieron de la trama de Francisco Correa regalos y comisiones por actur de intermediarios con las empresas de la red de corrupción en Castilla y León. El escrito del magistrado destaca además que Bárcenas, prevaliéndose sus cargos en el partido, llevó junto a Álvaro Lapuerta una contabilidad paralela o ‘caja B’ del PP entre 1990 y 2008 que era «nutrida de donativos o aportaciones ajenos a la contabilidad oficial y que de acuerdo a lo indiciariamiente acreditado fue destinada al pago de gastos generados en campañas electorales, al pago de complementos de sueldos a determinadas personas vinculadas alpartido y al pago de distintos servicios y gastos en beneficio» del PP.