Unas 1.600 mujeres cuentan con alguna medida de protección relativa a la violencia de género, entre las que se incluirían órdenes de protección o de alejamiento, según ha apuntado la jefa de la unidad de coordinación contra la violencia de género en la Delegación del Gobierno en la región, Milagrosa Ortega.
Ortega, que ofrece este miércoles, en el marco de unas jornadas, la conferencia ‘La respuesta institucional a la violencia de género, un ataque a los derechos humanos’, ha señalado que desde la administración general del Estado se sigue trabajando para abordar este tipo de violencia en torno a dos ámbitos.
Así ha concretado que uno de ellos es la protección y la seguridad de las mujeres y el otro la atención y la asistencia, una materia en la que tienen «más competencias» las comunidades autónomas aunque el Gobierno de España también tiene recursos como el 016, el Servicio Atempro, la teleasistencia, las pulseras para maltratadores, las campañas de sensibilización o la aplicación ‘APP Libres’ para móviles especialmente indicada para la población adolescente.
De este modo ha considerado que hay una batería de medidas que se siguen implementado y que siguen actuando sobre este fenómeno en el que debería implicarse toda la sociedad y no solamente los poderes públicos, porque «el problema de la violencia de género no se soluciona con medidas solo legislativas, policiales, jurídicas».
«Hay que abordar también el ámbito sanitario, el ámbito educativo, los medios de comunicación social», ha defendido, a la vez que ha puesto como ejemplo que los niños no pueden recibir «mensajes cruzados» en la escuela, en casa, en sus series televisivas o en las películas «porque esto le desconcierta» y «en la prevención y en la detección precoz de los casos de violencia de género es fundamental la educación».
VIOLENCIA EN LOS JÓVENES
Acerca de los casos de violencia de género en los jóvenes, Ortega ha apuntado que las redes sociales han producido un gran cambio en la sociedad en todos los aspectos y «sí que facilitan» determinadas «conductas agresivas hacia la mujer que pueden ser controladoras, que pueden dañar su imagen» gracias a que «detrás de un perfil» se pueden ocultar «muy bien».
En este sentido ha confirmado que se está trabajando también en este aspecto y que, de hecho, hay una propuesta para una reforma legislativa que incluya el ciberacoso como una infracción penal.
Milagrosa Ortega ha hecho estas declaraciones antes de ofrecer una conferencia en el marco de esta jornada organizada por el Comité Provincial de Cruz Roja en Badajoz para poner en valor la igualdad entre hombres y mujeres como derecho humano fundamental y que se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos y dentro del programa ‘Acogimiento, atención y asesoramiento a mujeres en situación de riesgo social’, que desarrolla Cruz Roja financiado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
La cita se completa con una mesa de experiencias sobre la percepción y acciones sobre la violencia contra las mujeres y con una exposición itinerante que, con el apoyo de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional y bajo el título ‘¿Invisibles?…Nunca’, muestra a través de paneles informativos los distintos avances y retos sobre el papel que juega la mujer en el desarrollo integral de países como Malí, Mozambique, Siria, Filipinas, Bolivia y Ruanda.
Una de sus responsables, Ana Pavón, la ha descrito como una «foto positiva» de los avances que están haciendo las mujeres en sus propios países en cuestiones como situaciones de conflictos o de pobreza de cara a ponerlos en valor a través de seis mujeres que, aunque no son «nombres reales» por protección de datos, sí que son «casos reales» y «temas positivos que tienen muchos nombres detrás que avalan este gran avance que están consiguiendo en estos países gracias también a la cooperación internacional».
AMIRA, MUKAMANA O IMELDA
Así ha explicado que Amira en Siria muestra cómo las mujeres suelen ser «una de las víctimas más focalizadas» en los conflictos armados en los que «da igual» de qué bando son los combatientes «porque todos al final focalizan su represión hacia las mujeres» y la iniciativa de la ONU para poner fin a la violencia contra las mismas, también Mukamana en Ruanda, donde más del 57 por ciento de los puestos de representatividad están ocupados por mujeres; o Imelda en Filipinas, que puede salvar vidas gracias a la formación que tiene en preparación para desastres como los tifones.
También ha lamentado que en Mali se da «otro ejemplo claro de la violencia en las mujeres en una forma brutal de atentado contra los derechos de las mujeres y niñas como la ablación o mutilación genital femenina», pero que Adja «ya no va a permitir que sus hijas sufran esta práctica», lo cual supone un cambio en su cultura, en su día o día y «una lucha para que haya una mejora de la salud de las mujeres y niñas de Mali».
Finalmente ha citado el caso de Irma en Mozambique y del trabajo de las mujeres para el desarrollo y fomento de la productividad en sus países.
Acerca de la vulneración de derechos humanos, Pavón ha incidido en que en Extremadura y España se tienen «aprendidas muchas cosas culturalmente», pero que hay muchas otras violaciones de los derechos humanos que están «arraigadas a la cultura de determinados países», como hablar de mutilación en Mali, donde se practica desde hace más de 4.000 años como una acción «perpetuada en el tiempo», un «rito de iniciación, de purificación» o una manera de que las mujeres pasen a ser miembros de la comunidad.
