La nueva Ley de Arrendamientos urbanos afectará a unos 3.000 comercios y pymes

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El próximo 1 de enero entrará en vigor la nueva ley de arrendamientos urbanos. Una ley con la que finalizan los contratos de renta antigua y que afectará en Extremadura, según un estudio realizado por la Asociación Extremeña de Trabajadores Autónomos (Aexta) , a unos 3.000 comercios y pymes y 5.000 trabajadores.

[Img #40888]Esta situación, según ha indicado el PSOE, “cambiará la fisonomía de nuestros pueblos y ciudades donde los pequeños y medianos comerciantes no podrán hacer frente a los nuevos contratos y se verán obligados a cerrar y abandonar sus negocios”.

 

Ante esta situación el PSOE está llevando a cabo numerosas iniciativas, como la Propuesta de Impulso aprobada en la Asamblea extremeña el pasado martes 23 de diciembre, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista y apoyada por IU y Los Regionalistas (el PP se abstuvo) o la proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista en el Senado.

 

Por su parte José Rojo, Presidente de FEDACOEX (Federación de Asociaciones de Comercio de Extremadura) y Presidente de AECA (Asociación de empresarios del Comercio de Cáceres) señala que hay propietarios que lo que quieren en realidad es vender el edificio, edificios emblemáticos y muy bien situados.

 

“Estimamos que hay aproximadamente unos 120 edificios en Extremadura en esta situación y esta nueva Ley es una llave para poder hacer la venta de estos edificios lo que es un drama porque son negocios de pequeños comerciantes que están desde hace muchos años”.

 

El Presidente de FEDACOEX señala que la situación es tan grave que  ha sido la primera vez que se ha conseguido unir en una votación unánime al Consejo de Comercio en contra de la nueva Ley.

 

Por su parte Javier Pérez Santos, Coordinador General para Extremadura de AEXTA (Asociación extremeña de trabajadores autónomos) explica que lo que quieren no es que no se suban los precios de los alquiles y señala que “lo que pedimos es que en la situación actual subir un 400%, dejar que el libre mercado funcione de un día para otro, no es la mejor idea para hacer que esos negocios sigan funcionando”

 

Javier Pérez señala que aún es pronto para saber cómo va a quedar la situación porque en estos momentos aún se está negociando pero lo que sí ha adelantado es que en muchos casos no se va a llegar a ningún acuerdo.

 

PROPUESTA DE IMPULSO

 

El pasado martes, 23 de diciembre, la Asamblea de Extremadura aprobó una Propuesta de Impulso, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, y apoyada por IU y los Regionalistas (el PP se abstuvo).

 

Una propuesta en la que como señala el Portavoz de Comercio del Grupo Parlamentario socialista en la Asamblea, Francisco Martín,  insta a la Junta a solicitar al Gobierno de España una prórroga de cinco años hasta el 20120, e todos los alquiles de renta antigua, la apertura de una línea de crédito ICO para el traslado, reforma y adaptación de locales para los comercios, hostelería y pymes afectados, elaborar un Estudio específico de Demografía Comercias, Hostelera y de Pymes con alquileres de renta antigua, y elaborar un Plan de Acción y Protección de los comercios, servicios hosteleros y pymes emblemáticos que forman parte dela memoria colectiva de los extremeños.

 

El senador socialista, Juan Andrés Tovar, también ha dado a conocer las medidas que desde el Grupo Socialista se han adoptado como la presentación de una proposición de Ley con tres acuerdos fundamentales: una prórroga de cinco años, una línea de crédito al ICO para las empresas afectadas, y un acuerdo con las Comunidades Autónomas, la Federación de Municipios y Asociaciones de Comerciantes para elaborar un plan de protección integral del patrimonio del comercio histórico.

 

Tovar insiste en que además de ser un problema económico la nueva Ley traerá también consigo un problema urbanístico y medioambiental con locales cerrados en los cascos históricos o con un nuevo modelo comprado por las multinacionales sin espacio para el pequeño y mediano comercio.

 

Una realidad que afectará a más de 300.000 establecimientos comerciales en toda España y casi un millón de trabajadores.


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