El secretario de Educación dice haber actuado con «legalidad» en un caso sobre una matriculación escolar

El secretario general de la Consejería de Educación y Cultura, César Díez Solís, tras haber sido llamado a declarar, en calidad de imputado, por un presunto delito de falsedad documental –según publica el Diario HOY– , ha garantizado que él y su departamento han actuado «siempre» con el «máximo» y «escrupuloso respeto» a la «legalidad vigente».

 En estos términos se ha expresado Díez Solís este viernes en rueda de prensa, y a preguntas de los periodistas, sobre la información publicada por dicho diario regional donde se indica que tanto el secretario general como otros dos cargos de la consejería han sido citados a declarar, en calidad de imputados, por la titular del Juzgado de Instrucción Número de 4 de Mérida.

  

Al respecto, el secretario general ha asegurado «no» tener «ninguna notificación» sobre la causa, ni «tampoco» las otras personas citadas por el diario, ha indicado.

  

«Actualmente, no sabemos de que se nos acusa», ha apuntado Díez Solís, al tiempo que ha reiterado que el personal de la Consejería de Educación ha actuado «siempre conforme a la legalidad vigente».

  

Según la información publicada por el medio autonómico, la imputación viene de una denuncia interpuesta el pasado mes de noviembre por el que era jefe de servicio de Coordinación Educativa, José Juan González Gómez, hasta enero de 2014, cuando él y su mujer fueron destituidos por haber matriculado en el primer curso de Educación Infantil a su hija sin tener cumplidos los tres años, en un colegio concertado de Mérida.

  

Así, y según ha explicado el denunciante al HOY, la resolución de la Consejería de Educación que determinó la expulsión de la menor fue realizada después tanto de la salida de la niña del centro como de la destitución de sus padres.

   

 En este sentido, Díez Solís se ha mostrado «tranquilo» por esta cuestión, ya que «no es la primera vez» que recibe una «denuncia» de este exjefe de servicio, y ha asegurado no entender cómo se puede hacer un uso de la justicia «con fines revanchistas».