Del Moral afirma que el proceso de concesión de las ITV fue transparente

El Consejero de Fomento, Víctor del Moral, afirma que el Partido Popular y Monago ya anunciaron «la necesidad de mejorar la red de ITV» porque en los 28 años de Gobiernos Socialistas había tenido una «expansión tranquila».

El mapa «obligaba a los  ciudadanos a recorrer largas distancias» y afrontar «elevados costes de desplazamientos y el peligro inherente» al recorrer las distancias. Junto a ésto, el parque móvil pasó de 600.000 a 800.000 vehículos matriculados. Por lo que el modelo «era insuficiente». Así salió el decreto para regular las nuevas itv su «régimen de personal y formación».

Destacó que salió así a  concurso las licitaciones por «distintos lotes», y  los adjudicatarios «tenían que abonar un canon fijo mínimo del 5% facturación y el pago por arrendamiento de instalaciones mínimo 1.5 millones de Euros en el primer lote  y 1.8 Millones de euros en el segundo». Así «estamos ante un proceso de licitación transparente», porque el único criterio fue mejor oferta. En concreto ITVASA con un canon fijo de 41.500 euros un  26.2% en el  canon variable y un  alquiler de 3.2 MIllones  en primer lote y 3.7 en segundo.

Así se planteó una «buena oportunidad laboral para más de 140 personas», y la  legislación exige «formación y experiencia», se pide «acreditar 3 años de experiencia o formación teórico-práctica equivalente». Lamentablemente ninguna academia privada solicitó la formación y así «la Consejería insto a la Universidad de Extremadura  a que organizara estos cursos» y fue quien decidió el grupo de expertos para impartir cursos y su remuneración.  

Confirma que entre los profesores habían 14 trabajadores públicos de acuerdo con legislación para dar formación a 64 alumnos en primer curso y en la  segunda edición a  140 alumnos. Sobre la remuneración, la Consejería autorizó  30  Euros por horas en  tutoría y 60 por ponencia y a eso se le suma el kilometraje.

Confirma que se sigue con el tramite informativo que «aún no ha finalizado», y que  este gobierno «no va a hacer juicios sumarísimos a nadie, defendemos presunción de inocencia, porque hasta que no se demuestre lo contrario los trabajadores han sido honrados».

Por su parte, el portavoz del PREX-CREX, Damían Beneyto, destacó estos cursos «han sido únicos en España», y  lo normal «es que la empresa haga los cursos y aquí casi hemos hecho un consorcio, y es el motivo de este lío», por lo que debe ser aclarado por parte del Consejero.

Afirma que hay desde empresas familiares que han recibido dinero a cambio de material, por lo que tiene que pedir explicaciones. En este proceso aparecen «gastos enigmáticos, como el material deportivo»,  y que los empleados públicos que se embolsan dinero importante «no deja de ser curioso que en esos momentos donde falta de empleo» además el problema es que se obligue «a la gente que quiere trabajar a pagar una cuota bastante elevada y no subvencionada».

Por su parte, el diputado de IU, Víctor Cascos, pide que se haga una investigación seria y contundente. Porque hay una «colisión entre interés público y privado»,  y se ha sacrificado el  «interés general en beneficio de unos pocos».

Resalta que el problema inicial es la adjudicación a empresa itvasa y el segundo es que «los funcionarios se benefician con más de 50.000 euros en cursos para beneficio de esa empresa».  Siendo el Jefe de Servicio y el Jefe de sección quienes han dado estos cursos estando en la mesa de contratación.

Unos funcionarios que «debían estar vigilando y sin embargo han recibido beneficios directos de una empresa que tenían que fiscalizar», destacó.  

Cascos recuerda que los cursos «han supuesto un pelotazo de 150.000 Euros» y que ninguna empresa de formación ha pedido la homologación porque existían «problemas administrativos» que hacen pensar que desde el principio estaban pensados para la UEX.

La raíz del mal, según Cascos viene por un decreto marco que es «un sinsentido» sobre el que se adjudican el concurso, con un coste de entre 800 y 1.200 euros.  En otras Comunidades Autónomas basta con contar con la titulación de ingeniero o formación profesional para trabajar en las ITV, y si había que acreditar formación la podía «haber organizado el SEXPE» o la empresa adjudicataria.

Víctor Casco espera que se anuncie una investigación serie y contundentes y sino quiere comprometerse que anuncie su dimisión.

El portavoz de Fomento del PSOE, Francisco Macías, destacó que esta adjudicación ha sido «un pelotazo de 187 millones de euros», una empresa que viene de Orihuela, Valencia donde nace «la trama Gürtel».

Los hechos son sospechos, afirma Francisco Macías donde dos funcionarios que han formado parte de la mesa de contratación: adjudican y se benefician de estos cursos. Además, esto es «una estafa a los parados con los cursos de formación», porque el Gobierno ha jugado con la precariedad de los parados, han marginado a los jóvenes que buscan empleo, «haciendo negocio con cientos de parados para beneficiar a una empresa».

Macías denuncia el enchufismo, el Jefe de servicio de ITV  tiene familiares que  han trabajado para la empresa y uno de ellos «con un puesto a medida y sin hacer los cursos», en palabras de Macías, esto es la máxima del pensamiento liberal, «convertir todo en mercancía y convertir las necesidades y las personas en mercancías».

Le dije al Consejero que es «su gestión la que perjudica la dignidad de los funcionarios, debería dimitir para acabar con amiguismo y enchufe» porque «todo esto se ha montado para que Monago se hiciera una foto inaugurando algo porque en 3 años no ha hecho nada»

El diputado del PP, David Herrero Rubio, destaca el gran trabajo realizado para la puesta en marcha de las nuevas ITV, diciendo que «le pregunten  a los ciudadanos de estas comarcas».

Sobre la opinión pública y las informaciones de los medios de comunicación afirma que «no es serio» porque el «chanchullo de las ITV está en otras casas» y que la  patente el PSOE de Andalucía.