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CCOO considera inadmisible que aún no se haya aprobado la reducción de jornadas

CAMPO
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CCOO de Extremadura considera inadmisible que el Gobierno aún no haya aprobado la reducción a veinte de las jornadas mínimas para poder solicitar las prestaciones del subsidio y de la renta agraria.

Esta situación está perjudicando a miles de trabajadores y trabajadoras del campo extremeño, explica el sindicato, que no han reunido las suficientes jornadas este año debido a la mala campaña del olivar y el veto ruso.

 

El Gobierno se comprometió el pasado mes de diciembre con los sindicatos a aprobar esta reducción del número mínimo de jornadas y, sin embargo, está demorando de manera injustificable su cumplimiento, insensible a la situación de los trabajadores.

 

Desde la Federación Agroalimentaria de CCOO no se entiende el porqué de este retraso e insta al Ejecutivo de Mariano Rajoy a actuar con urgencia, porque la situación de ambigüedad que ha generado está siendo utilizada por empresarios desaprensivos que se aprovechan del estado de necesidad de los trabajadores.

 

En la misma línea, para CCOO, indica que ya es la hora de que el Gobierno afronte decididamente y con toda valentía el fraude, la explotación laboral y el empleo irregular en el sector agrario.

 

Para ello, desde el sindicato se apuesta por un Plan Integral de lucha contra el Fraude y la Economía sumergida con la implicación del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Inspección de Trabajo.

 

Además, se precisan modificaciones legales y normativas en el alta a la Seguridad Social y en las comunicaciones de altas y bajas sucesivas que se produzcan durante el mes de los trabajadores y las trabajadoras, de manera que se comuniquen en el momento de producirse, exactamente como en el Régimen General.

 

Por último, la Federación Agroalimentaria de CCOO critica que sean  instrumentalizados los intereses de los trabajadores y trabajadores agrarios en el marco del escenario electoral y no se establezca de una vez por todo un mecanismo estable para hacer frente a las pérdidas de empleo motivadas por causas ajenas a los trabajadores sin verse sometidos a los intereses partidistas del momento.


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