Extremadura va a recibir a lo largo de la presente legislatura 1.046,11 millones de euros procedentes de los diferentes mecanismos puestos en marcha por el Gobierno central para salvar las cuentas autonómicas, lo que supone el 0,95 por ciento de los 110.000 millones de euros destinados Ejecutivo de Mariano Rajoy a este fin entre 2012 y 2015.
La región extremeña ha percibido 178 millones de euros con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) de 2014; 476,51 millones de euros del Fondo de Facilidad Financiera de 2015; y 391,6 millones de los diferentes planes de pago a proveedores en 2012 (227,86 millones de euros), 2013 (6,6) y 2014 (157,14).
No habrá reforma del sistema de financiación autonómica, pero las comunidades concluirán esta legislatura habiendo recibido 110.000 millones de euros en préstamos del Gobierno, obtenidos por el Tesoro en los mercados, para poder cuadrar sus cuentas.
Un 36 por ciento del total ha ido destinado a Cataluña, 40.144 millones en cuatro años, y otro 25 por ciento, a la Generalitat Valenciana, 27.694 millones de euros.
Se trata de tres herramientas: el fondo de liquidez autonómica (FLA), mantenido de 2012 a 2015, el fondo de facilidad financiera, abierto sólo este año, y los planes de pago a proveedores de 2012, 2013 y 2014. Exceptuando el País Vasco, todas las autonomías se han sumado a una de estas modalidades en algún momento, aunque las diferencias son abismales entre unas y otras.
Tras conocerse esta semana el reparto de los dos fondos de financiación para 2015, sumados todas las modalidades y todos los ejercicios se alcanzan los 110.000 millones y el Tesoro del Estado es responsable del 90 por ciento de las emisiones de las administraciones españolas, una concentración que el Gobierno considera beneficiosa.
¿Y qué se ha pagado con este dinero? Las comunidades han podido cubrir vencimientos de deuda, devolver el dinero de más que recibieron por el sistema de financiación en años pasados, pagar intereses y cumplir con miles de proveedores de la educación, sanidad y servicios sociales, pero también obras, suministros o subvenciones.
Tanto la oposición como varias comunidades han criticado al Gobierno que estas vías de liquidez multimillonaria hayan suplido la reforma del sistema: en vez de repartir el dinero según nuevos criterios de financiación, para que cada cual lo gaste con independencia, Hacienda ha diseñado unas herramientas para prestarles dinero que implican un control, elaborar planes de ajuste, cumplir algunas condiciones y enviar periódicamente información al Gobierno
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha defendido que no se podía reformar el sistema con los ingresos hundidos y cuando no había dinero que repartir. A cambio, no ha llevado hasta el extremo la aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria, que prevé la intervención de una autonomía por incumplimiento reiterado de sus compromisos, así como multas.
