Subdelegación y abogados analizan la coordinación entre el turno de oficio y la policía

La subdelegada del Gobierno en la provincia de Cáceres, María Jerónima Sayagués, se ha reunido este martes con una representación del Colegio Oficial de Abogados de Cáceres, con su decano a la cabeza, Carmelo Cascón, así como con responsables de la policía nacional y guardia civil para abordar asuntos relacionados con la asistencia letrada del turno de oficio para víctimas de violencia de género, y detenidos, en general.

El objetivo de la reunión, celebrada a petición del ICAC, ha sido el de sentar las bases para una mejor coordinación entre el turno de oficio del colegio profesional con las fuerzas policiales, y, en el caso de la violencia de género, con el Servicio de Atención a las Familias (SAF), de la Policía Nacional, y con el Equipo de Mujer y Menor (EMUME) de la Guardia Civil.

En lo que se refiere a la asistencia letrada a detenidos por cualquier causa, el ICAC ha pedido a la subdelegada que intervenga ante las instancias competentes del Gobierno Central para que se trasponga al Derecho Español la Directiva Europea 2012/13 UE.

En dicha directiva se aprueba, entre otras cuestiones, que los abogados puedan tener una entrevista previa con los detenidos antes de que se les tome declaración, así como poder tener acceso al atestado o expediente.

Tanto los representantes del SAF como de la EMUME han puesto de manifiesto que ellos, de momento, no pueden autorizar esas cuestiones porque sus órdenes son el cumplimiento estricto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde no se recogen esas actuaciones.

Según dijeron, mientras no haya una modificación de la LEC o una instrucción del Ministerio del Interior ellos nos pueden permitir el acceso al atestado ni la entrevista previa.

En cuanto a la asistencia letrada por el turno de oficio a las víctimas de violencia de género, desde el ICAC se ha hecho especial incidencia en la necesidad de que se cumpla el protocolo existente para la atención a las víctimas y, en concreto a la medida que insta a los responsables policiales a aconsejar a la víctima ser asistida por un abogado desde el momento en que interpone la denuncia y antes de prestar declaración.

Subdelegación, ICAC y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han quedado muy satisfechos del encuentro, por lo que han acordado celebrar reuniones periódicas que redunden en un mejor funcionamiento de todas las partes implicadas en un proceso policial y judicial.

Se han comprometido, además, a redactar un escrito para elevarlo al Ejecutivo central, con el fin de que se incorpore a la legislación española la directiva europea.