Recogida de firmas para defender el Registro Civil como servicio público y gratuito

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) Extremadura ha anunciado el comienzo de una recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa del mantenimiento del Registro Civil «como servicio público y gratuito», servido por personal funcionario de la Administración de Justicia.

Este sindicato necesita conseguir 500.000 firmas en nueves meses «para que se debata el tema de la privatización del Registro Civil en el Congreso de los Diputados».

El responsable de Justicia de CCOO Extremadura, José Antonio Barca, ha señalado que esta privatización del Registro Civil, la cual comenzaría a efectuarse en julio, «supondría un coste para todos los ciudadanos» porque «van a tener que pagar por un servicio que hasta ahora era gratuito».

De este modo, asegura, cada vez que alguien necesite una partida de nacimiento, un certificado de matrimonio o de defunción, una Fe de vida o un libro de familia, entre otros documentos, va «a tener que pagar por este servicio» y con «los aranceles que tienen estos colectivos» se pagará «bastante»

Además, con la privatización del Registro Civil, los datos personales de todo tipo «van a estar en manos de una empresa privada», y los nuevos registros civiles estarán ubicados en las capitales de provincia y en localidades de más de 100.000 habitantes, según ha explicado Barca.

De este modo, ha informado de que en Extremadura habrá un Registro Civil en Cáceres y otro en Badajoz, por lo que «los ciudadanos van a tener que recorrer cientos de kilómetros para desplazarse al Registro Civil».

Así, a nivel estatal se pasa de que existan 8.122 oficinas de Registro Civil a sólo 100, y en Extremadura cerrarían 84 (64 en Agrupaciones de Juzgados de Paz y 20 en cabeceras de partidos judiciales).

También, se perderían en España 4.800 puestos de trabajo, de los que 110 corresponden a la Comunidad Autónoma de Extremadura, según ha explicado José Antonio Barca.

SERVICIO PÚBLICO

Asimismo, Barca ha explicado que el Registro Civil se creó en 1870 «y nunca jamás se había hablado de la privatización» porque «es un servicio público, que se presta a los ciudadanos y que se paga con los impuestos».

En este sentido, ha recordado que recientemente se ha invertido 130 millones de dinero público para digitalizar los registros civiles de España, «y ahora se los van a pasar totalmente gratuitos» a los registradores de la propiedad con esta privatización.

Ha reiterado que el Gobierno estatal con esta privatización va a pasar a estos registradores de la propiedad una cartera de clientes que «son todos los ciudadanos que hay» en España, por lo que va a ser «el negociazo del siglo» para ellos.

Además ha señalado que «casualidad de la vida es que Mariano Rajoy sea registrador de la propiedad» junto con dos de sus hermanos.

ACTUACIONES EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN

El responsable de este sector en el sindicato en Badajoz, Vicente Alegre, ha explicado que este sindicato tiene presentada una querella criminal por incompatibilidad contra el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por tener también «familiares registradores de la propiedad».

De igual modo, CCOO tiene una sentencia del Parlamento Europeo en la cual se dice que «los registradores de la propiedad funcionan como una empresa privada, que ellos no son funcionarios públicos», sino que «funcionan como autónomos», según ha manifestado Alegre.

Además, este sindicato, además de dicha ILP, tiene presentado un Contencioso Administrativo por la privatización del Registro Civil, se han hecho «innumerables concentraciones» en 2013 y 2014 «cuando el Gobierno del PP quiso modificar un acuerdo que hubo en 2011» de todos los grupos parlamentarios para que este registro «siguiese siendo un servicio público».

En este sentido, Alegre ha asegurado que muchas comunidades autónomas, el ámbito privado, o plataformas ciudadanas, entre otros, «están en contra de esta privatización».

De este modo, el Parlamento de Extremadura «dictó una resolución por la que se manifestaba en contra de la privatización del Registro Civil», según ha señalado el responsable de Justicia de CCOO en Badajoz.

 Asimismo, ha anunciado que el próximo 11 de abril los trabajadores de todos los registros civiles de España han convocado en Madrid una manifestación en contra de esta privatización.

CCOO continuará con la realización de concentraciones por los partidos judiciales «para que los ciudadanos sepan lo que les va a suponer esta privatización», ha concluido Alegre.