GobEx lleva a Anticorrupción la facturación de cursos de formación de Creex, CCOO, UGT y Cepes

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El Gobierno de José Antonio Monago ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción las facturaciones de cursos de formación de ocupados realizados por la patronal extremeña Creex, los sindicatos CCOO y UGT, y la confederación Cepes de economía social.

[Img #42767]Dichas facturaciones correspondientes a la convocatoria de cursos de 2011, según ha indicado el gobierno, pudieran constituir presuntos delitos contra la Hacienda Pública por falseamiento de las condiciones requeridas para cobrar las subvenciones públicas aparejadas a la realización de los cursos, sean estos subcontratados o no.

 

Según los datos que posee la Administración autonómica a partir de una auditoría externa, podría tratarse de un presunto fraude estimado en más de tres millones de euros y cometido mediante la sobrefacturación de los cursos.

 

A tenor de la magnitud de las cifras presuntamente defraudadas y, en tal caso, constitutivas de delito contemplado en el artículo 308 del Código Penal, el Ejecutivo que preside José Antonio Monago ha tomado la decisión de poner en manos de la Fiscalía toda la información que posee al respecto, para que sea la Administración de Justicia la que emprenda las investigaciones judiciales que considere oportunas.

 

La documentación aportada por el Gobex a la Fiscalía Anticorrupción es toda la concerniente a la convocatoria de 2011 y especialmente se deriva de una exhaustiva auditoría externa encargada el pasado mes de septiembre por el Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe) sobre la citada convocatoria de cursos 2011.

 

La mencionada auditoría fue concluida hace un par de semanas, con resultados que han puesto de manifiesto lo que pudiera consistir en un sistema diseñado para defraudar cantidades elevadas a la Hacienda Pública mediante la sobrefacturación de los cursos, a veces de hasta ocho veces por encima de su coste real.

 

El director gerente del Sexpe, Miguel Lozano, tomó la decisión de encargar dicha auditoría una vez recibida en junio de 2014 desde la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo la propuesta inicial de liquidación de los planes formativos, en la que no se despejaban las sospechas que ya albergaba el servicio público extremeño.

 

Cabe recordar que la Fundación Tripartita es la entidad de ámbito nacional que daba apoyo técnico al Sexpe para la gestión y justificación de la formación. En la misma están representadas las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las empresariales más representativas, así como el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

 

En Extremadura, la gestión, ejecución y liquidación de los cursos de formación para ocupados de 2011, y las de los años inmediatamente anteriores, se realizaba con el apoyo técnico de la  Fundación Tripartita en virtud de un convenio celebrado con el Gobierno autonómico de entonces. El actual Gobierno de José Antonio Monago no renovó en 2012 dicho convenio, a fin de asumir el control íntegro de la formación para ocupados en la región

 

La consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, Marian Muñoz, y el director gerente del Sexpe, Miguel Lozano, han dado cuenta de la denuncia dirigida a la Fiscalía Anticorrupción y han explicado todo el proceso previo, así como las circunstancias que han motivado la acción del Ejecutivo regional.

 

CANTIDADES DEFRAUDADAS

 

Una vez detectadas las graves irregularidades de la convocatoria de 2011, el Sexpe ha puesto en marcha, al margen de la investigación que en su caso lleve a efecto la Fiscalía, las acciones necesarias para exigir la devolución a las arcas de la Comunidad Autónoma de las cantidades presuntamente defraudadas y que se estiman en una cifra total de unos tres millones de euros.

 

De esa cuantía total de unos tres millones presuntamente defraudados, la mitad, unos 1,5 millones, correspondería supuestamente a la Creex.

 

 Dado que la patronal en su conjunto recibió subvenciones por valor de 3,1 millones de euros, el presunto fraude podría llegar hasta al 50 por ciento de la subvención que manejaron entre la confederación Coeba y las federaciones empresariales cacereña y placentina, todas integrantes de la Creex.

 

 Cabe indicar que la Creex y sus federaciones no realizan de forma directa los cursos, sino que los subcontratan a empresas del sector, algunas de las cuales presentan las facturas infladas que luego cobra la patronal a la administración autonómica. Los sindicatos, por su parte, alternan la subcontrata de empresas con la realización de cursos por parte de entidades asociadas, como las fundaciones Forem (CCOO) o Ifes (UGT).

 

Por su parte, la cantidad presuntamente defraudada por los dos sindicatos podría ascender a más de 600 mil euros en el caso de CCOO y otros más de 600 mil euros para UGT. Dado que ambos fueron subvencionados con 1,8 millones cada uno, el presunto fraude podría alcanzar el 30 por ciento de la subvención que recibieron. Por parte de la confederación Cepes la estimación del presunto fraude superaría los 300 mil euros de los 700 mil recibidos.

 

EN EL CÓDIGO PENAL

 

Es preciso subrayar que todas estas estimaciones se refieren única y exclusivamente a la convocatoria de formación de ocupados de 2011, cuyos cursos se realizaban físicamente en 2012. Respecto a los años anteriores en los que este sistema estuvo en vigor, el Sexpe ha tomado la decisión de solicitar un examen escrupuloso de la facturación de las convocatorias no prescritas a la Intervención General de la Junta de Extremadura.

 

Este presunto fraude entraría en los supuestos que describe el Título XIV del Código Penal, dedicado a los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, que comprende los artículos que van del 305 al 310.

 

 En concreto, en el artículo 308 se dice que quien obtenga subvenciones o ayudas de las administraciones públicas en una cantidad o por un valor superior a 120 mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, más una multa salvo reintegro de lo defraudado en tiempo y forma descritas en el texto legal.

 

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

 

En la convocatoria de cursos de formación ocupacional de la convocatoria de 2011 en Extremadura, el presunto falseamiento de las condiciones consiste en una facturación fraudulenta o sobrefacturación de los cursos muy por encima de lo que realmente costaron y/o incluyendo gastos muy por encima del valor de mercado.

 

En algún caso, como ha demostrado la auditoría externa, la cifra global facturada multiplica por ocho el coste comprobable del curso a partir de la suma de las facturas individuales existentes de cada uno de los diferentes gastos.

 

En otro de los casos, concretamente a través de la Federación Empresarial de Plasencia, el que subcontrata lo hace a una empresa de la que es administrador y en la que, además, se contrata a él mismo y a su hermano como profesores.

 

Por otra parte, se han detectado profesores que han cobrado hasta 820 euros por hora, una cifra desorbitada y absolutamente fuera del valor de mercado que se maneja en los cursos formativos de los que se trata.


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