La socialista Susana Díaz no ha superado este jueves la tercera votación ante el Pleno del Parlamento para ser investida como presidenta de la Junta, tras contar únicamente con el apoyo de los 47 diputados del PSOE-A y el voto en contra de los 62 diputados de los cuatro grupos de la oposición (PP-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA). Es la primera vez en la historia de la autonomía andaluza que un candidato no consigue la confianza de la Cámara en la tercera votación.
El presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, no ha fijado fecha para una nueva votación y ha anunciado que será comunicada en su momento por la Presidencia de la Cámara, con lo que previsiblemente se producirá después de las elecciones del 24 de mayo.
El de hoy es el mismo resultado que Díaz obtuvo en las dos primeras votaciones, cuando en la primera requería mayoría absoluta y a partir de la segunda, mayoría simple, esto es más votos positivos que negativos, según establece el Reglamento del Parlamento y el Estatuto de Autonomía.
Este resultado en el hemiciclo andaluz se produce después de que los partidos hayan celebrado en los días previos una nueva ronda de contactos para negociar la investidura de la candidata socialista y que ha culminado sin acuerdo para facilitar la investidura.
Susana Díaz ha pedido en varias ocasiones «responsabilidad» a los distintos partidos para poder formar gobierno en Andalucía puesto que «ya es mucho tiempo y los ciudadanos no entienden lo que está pasando». Ha confiado en poder formar gobierno cuanto antes.
Es la primera vez en la historia de Andalucía que un candidato no sale elegido en la tercera votación. En la cuarta legislatura, cuando el PSOE-A fue la fuerza más votada pero sin mayoría absoluta, Manuel Chaves logró ser investido en la tercera votación.
Así las cosas, para que Díaz hubiera sido investida este jueves, tendría que haberse abstenido el PP-A –33 diputados– o Podemos y Ciudadanos –15 y 9, respectivamente–. Tras no haberse conseguido la mayoría simple se podrán tramitar sucesivas propuestas que podrán ser sometidas a votación cada 48 horas, siendo competencia del presidente del Parlamento la convocatoria de las mismas.
AZNALCÓLLAR DINAMITA A DÍAZ
Ni Ciudadanos, ni Podemos ni el PP facilitarán la investidura de Susana Díaz. Las negociaciones para una investidura que requiere de al abstención de al menos uno de los grupos se han ido complicando en los últimos días. Pero el escándalo por la adjudicación de la gestión de las minas de Aznalcóllar ha sido la gota que ha colmado el vaso.
El Partido Popular, que ayer debía reunirse con Díaz para negociar sus condiciones a la investidura, suspendió a última hora la reunión hasta que la líder de los socialistas aclare lo sucedido en la reapertura de las minas de Aznalcóllar. El escándalo estalló tras conocerse el auto del juzgado número 3 de Sevilla que iniciaba una investigación por supuestas irregularidades en la concesión de la explotación a Magtel y que señala que en el procedimiento no se observa «el más mínimo rigor».
El proceso de adjudicación de una mina que llevaba cerrada desde el vertido tóxico de 1998 se llevó a cabo en plena precampaña electoral. De hecho, era una promesa de Díaz, que asegura que creará cientos de puestos de trabajo. Según el auto, el problema es que la empresa no cumple ni un requisito.
EL DIFÍCIL CALENDARIO DE LA INVESTIDURA
Susana Díaz necesita mayoría simple para ser elegida presidente de la Junta, lo que supone la abstención (o el voto a favor) de al menos uno de los grupos. De no lograrlo tendrá que convocar nuevas elecciones en un plazo máximo de dos meses, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Andalucía. «Si ningún candidato hubiera obtenido la mayoría simple, el Parlamento quedará automáticamente disuelto y el Presidente de la Junta en funciones convocará nuevas elecciones». Por lo tanto, la líder del PSOE-A tiene marcado en rojo el próximo 5 de julio, fecha límite para lograr los apoyos necesarios.
Si finalmente no consigue ‘convencer’ a Ciudadanos o Podemos, los andaluces estarán llamados de nuevo a las urnas. Sin embargo, los nuevos comicios no podrían celebrarse hasta el mes de septiembre, puesto que la ley electoral andaluza prohíbe la convocatoria de elecciones del 1 de julio al 31 de agosto.
