Para que una organización política pueda considerarse democrática, es indispensable que el poder del Estado se divida en varios poderes que se frenen entre sí .Esta tesis, hoy constantemente recordada, se propugnó por el gran filósofo francés Montesquieu en su obra “El espíritu de las Leyes”
En realidad la teoría no era absolutamente original .Muchos siglos antes, Aristóteles había mantenido de forma contundente que la concentración de poderes se convierte en tiranía. Para el buen gobierno el poder debe dividirse en tres ramas, la primera será el poder deliberante, es decir el legislativo, la segunda corresponde a la gestión administrativa, el ejecutivo y la tercera, el poder judicial que ha de desempeñarse por magistrados elegidos entre miembros del pueblo o de otra forma más selectiva. Hay que reconocer que al citar la teoría de la división de poderes nadie recuerda al filósofo griego ni al británico John Locke que también la expuso con brillantez. Se atribuye indefectiblemente a Montesquieu quien tuvo el acierto de explicarla de forma inteligible, Incluso algún personaje de la política llegó a decir:”Montesquieu ha muerto” manteniendo así que el poder concentrado no es contrario a la democracia.
El verdadero nombre de Montesquieu era el de Charles Louis , con el título noble de Barón de Secondat, nacido en Brede, cerca de Burdeos donde se licenció en leyes .Fue un viajero incansable visitando toda Europa .Sus ideas filosófico-jurídicas no se admitieron ,en principio en su país .Su obra “Las Cartas Persas” no encontró editor en Francia y tuvo que publicarse en Ámsterdam ,donde se vendió ”como panecillos”, según los libreros , y su texto “El Espíritu de las leyes” posteriormente muy divulgado vio la luz en Ginebra. Se trata de una extraordinaria obra de ciencia política que estudia la forma más justa de gobernar. Todos los seres tienen leyes que regulan su conducta: la divinidad, los animales y los propios hombres.
Es famosa su frase “los jueces son la boca que pronuncia la ley” a lo que añadía que “todo estaría perdido si la misma persona, el mismo grupo de nobles o del pueblo ejerciera un único poder que llegaría a convertirse en despótico. Para no caer en el absolutismo el poder ha de encomendarse a personas o grupos distintos y articularse de tal suerte que la ley sea cumplida en cualquier circunstancia aunque hayan de declararse ilegítimos los actos del gobierno. ”Cuando los poderes están unidos en el mismo cuerpo, no hay libertad. Puede temerse que el monarca o el Senado promulguen leyes tiránicas para hacerlas cumplir por la fuerza, Asimismo si el poder judicial se une al legislativo, el juez sería el legislador pudiendo dictar leyes injustas y si se une al ejecutivo el juez tendrá la violencia de un opresor”.
Parece que todos los teóricos europeos de su tiempo estaban impregnados de esa tesis, pero lo cierto es que solo el jurista francés supo dar a la doctrina la divulgación precisa que se ha incorporado a todas las modernas Constituciones de los países occidentales aún reconociendo las dificultades que existen para mantener en la práctica la tan invocada separación absoluta de los tres poderes.
Algunos tratadistas contemporáneos han analizado con escepticismo los postulados de Montesquieu, entre ellos H. Sabine quien apreciaba que Montesquieu aborreciera el despotismo, sistema en el que el derecho se identifica con la voluntad libérrima del soberano, pero a su juicio sus fórmulas eran “generalizaciones apresuradas”. Definía la ley de una forma vaga y su teoría contiene una cierta contradicción: tras proponer el equilibrio y la igualdad de todos los poderes, concede supremacía al legislativo lo que hace que su dogma tenga el suplemento de un privilegio, al crear excepciones .Sea o no original y aunque su doctrina no sea perfecta, debe reconocerse que Montesquieu expuso de forma clara y con rigor lo que creía la forma óptima de organización política. Para que los ciudadanos alcancen auténtica libertad, verdadera democracia, los poderes han de permanecer separados .Hay que actuar de acuerdo estrictamente con lo que la ley permite y esto no solo es un principio político, sino una exigencia para que sea justo un sistema social.
