El calorcito del verano recién estrenado se une al calor de las urnas de noviembre que ya se va sintiendo. O presintiendo. El Gobierno parece empeñado en vender la idea de que el ciclo económico ha cambiado y que gracias a su gestión, sus reformas y su política de austeridad ya se pueden trasladar los efectos del crecimiento a la calle. Y en esos términos el equipo económico de Mariano Rajoy parece acordarse primero de «quienes más han soportado la crisis», que son, en su opinión, los funcionarios
![[Img #44862]](upload/img/periodico/img_44862.jpg "Rajoy quiere contentar a los funcionarios con devolverles días y pagas antes de las elecciones")
Uno de los pilares de la nueva estrategia de acercamiento a los ciudadanos de Mariano Rajoy y su gobierno será pensar en la economía real, para que se noten ya los efectos de sus políticas en los bolsillos de la mayoría de españoles. Tiene de margen lo que se ahorre por la menor factura en indemnizaciones por desempleo y el oxígeno que proporciona la mayor recaudación fiscal. Ese ahorro debe trasladarse a los colectivos más perjudicados.Y tiene de bueno, por supuesto, que los funcionarios de la administración son unos cuantos y que la mayoría irán a votar en las próximas elecciones generales de noviembre.
Las ideas para poner esta nueva filosofía en práctica se prepara entre Moncloa, Hacienda y Administraciones Públicas, según el diario El Mundo. Todavía no hay papeles precisos sobre la mesa pero sí se ha trasladado ya a los sindicatos la «voluntad» del Gobierno de hacer primero un «guiño claro» y después acometer una negociación a plazo que debería concluir con la recuperación de todos los derechos perdidos.
La semana pasada hubo un primer encuentro entre representantes de la Dirección General de la Función Pública con los tres sindicatos. En ese encuentro se lanzaron las primeras ideas que pasarían, según explican fuentes sindicales, por una devolución del 75% de la paga extraordinaria que se les suprimió en 2011 -y de la que sólo han recuperado por el momento el 25%−-, lo que supondría una factura total de aproximadamente 600 millones de euros (algunas fuentes la elevan hasta los 700 millones).
A ello puede añadirse la aprobación de un margen más flexible en la oferta de empleo público. En la actualidad la tasa de reposición es del 30%, lo que implica que de cada diez puestos descubiertos por jubilación sólo se reocupan tres.
La tercera medida que se ha llegado a lanzar, sin propuestas plasmadas negro sobre blanco, hace referencia a una posible subida salarial. Pequeña en principio. Las fuentes consultadas aseguran que se tomaría como referencia, aunque si llegar a ello, el límite del 1,5% de subida de sueldos pactada entre sindicatos y empresarios. Y quedarán pendiente la recuperación de días libres como los tan traídos y llevados ‘moscosos’.
