Cualquier ciudadan@ al que se le concede una subvención se le exige que la destine a una determinada finalidad, siendo este el objeto de toda ayuda, conllevando su incumplimiento el reintegro o devolución de la ayuda.
Del mismo modo, el otorgamiento de millones de euros a la banca debe estar destinado a cumplir una finalidad, cual es evitar la falta de crédito, ya que la dificultad actual de obtener un crédito es uno de los causantes de la lentitud de la recuperación económica.
Por todo ello, aquellas entidades financieras que no cumplan la finalidad en la concesión de la ayuda, deberán ser objeto de reintegro y devolución de la ayuda pública concedida.
La única realidad es que son las instituciones públicas las únicas que están saneando los destrozos producidos por la banca privada y proporcionando crédito a las pequeñas y medianas empresas.
Pero varios son los incumplimientos y abusos de la banca privada (desahucios, preferentes, cláusula suelo, comisiones………), por ello debemos poner coto a estas prácticas dentro de los márgenes legales, empezando como así señaló Guillermo, nuestro futuro Presidente de la Junta de Extremadura, por convertir a nuestra tierra en un espacio libre de desahucios, donde la gente que no pueda pagar no se les desahucie.
La Administración Pública debe exigir obligaciones a las entidades financieras, como así se las exigimos a los ciudadan@s, y así hacer cumplir el artículo 103 de la Constitución Española, que establece que la Administración sirve con objetividad los intereses generales, y actúa de acuerdo, entre otros principios, con el principio de eficacia.
Por tanto, busquemos y persigamos la eficacia, empecemos para así recuperar la confianza de los ciudadan@s.
