Vara confirma que el Consejo Consultivo se «suspenderá» de sus funciones en 2016 «por razones no solo económicas»

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha confirmado que el Consejo Consultivo de la región se «suspenderá» de sus funciones a partir del 1 de enero de 2016 «por razones no sólo económicas, sino de homogeneidad de las normas de un país en el que existen 17 comunidades autónomas».

  Durante su intervención en la inauguración en Badajoz del III Congreso de la Abogacía Extremeña, el jefe del Ejecutivo extremeño ha informado de que ha comunicado «formalmente» al presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que a partir del 1 de enero los asuntos relacionados con las normas en la región serán enviados a este órgano porque «se suspenderá al Consejo Consultivo extremeño de sus funciones».

  A este respecto, ha precisado que las razones que explican la «supresión» del Consejo Consultivo de Extremadura «no son solo económicas», sino «del profundo convencimiento de que hay cosas que a lo largo de los años las hemos hecho y no las hemos hecho bien».

Así, ha apuntado que quien «ampara» en España la unificación de la doctrina en la aplicación de las leyes es el Tribunal Supremo «una vez que éstas se aplican», pero que el Consejo de Estado «ejercía en España un papel fundamental que era unificar la doctrina antes de que se hagan las leyes, cuando se está en el proceso de elaboración».

Fernández Vara ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del III Congreso de la Abogacía Extremeña, al que también han asistido la decana del Colegio de Abogados de Badajoz, Filomena Peláez; su homólogo en Cáceres, Carmelo Cascón; el presidente de la Audiencia Provincial de Badajoz, José Antonio Patrocinio; la secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez; la delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera; y la secretaria general del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

HOMOGENEIDAD DE LAS NORMAS

Guillermo Fernández Vara ha destacado la importancia de la «homogeneidad de las normas» y que «alguien tiene que homogeneizar el proceso antes de que las leyes se consoliden».

«Si se hace solo después nos encontramos con lo que nos encontramos, no solo una judicialización absoluta de la vida pública, judicialización absoluta de todo», ha apuntado, a la vez que ha recalcado que «está todo judicializado» y que «es consecuencia» de que «algo» se ha «hecho mal», y que se está «recogiendo» lo que se ha «sembrado».

  De igual modo ha reconocido que tiene «una visión de país en el que cabe la diversidad», la «pluralidad», el «plurilingüismo» o el «respeto por las culturas diferentes», pero que eso «no puede ser incompatible» en poner «un poquito de orden en la elaboración de las leyes».

POBLACIÓN EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo regional ha lamentado que en torno a un 20 por ciento de la población extremeña está en riesgo de exclusión social y son pobres, en relación a lo cual ha sostenido que tienen dificultades para que sus hijos coman tres veces al día o tengan libros en la escuela, por lo que «si se enfrentan a la justicia ya es un mundo imposible».

En esta línea, ha apelado por mejorar la justicia para que «llegue a esa parte de la población, esos parias de la tierra que no tienen nadie que los defienda si no los defiende un buen abogado», así como por «luchar» por ello como «garantía de igualdad de oportunidades».

PACTO NACIONAL

En clave judicial, Guillermo Fernández Vara ha manifestado que fue un «error» dotar a las regiones en sus estatutos de autonomía de competencias limitadas, pero que «en cambio a las asambleas legislativas no se les puso ningún límite», por lo que se está legislando «sin límites sobre competencias que está limitadas» y ello ha provocado «un exceso de recursos y la necesidad del Tribunal Constitucional de estar poniendo un poquito de orden».

A este respecto, ha abogado por establecer en la reforma de la Constitución «un mecanismo previo que evitara que en los parlamentos autonómicos se esté legislando sin límites», porque, como ha añadido, un país se construye desde el Parlamento nacional en el que «reside la soberanía del pueblo español».

También se ha referido al mecanismo de elección de los representantes del Consejo General del Poder Judicial al señalar que los partidos políticos lo han hecho «muy mal» y «ya ni siquiera se consensúan los nombres», a lo que ha añadido que «eso no es el espíritu ni de la Constitución ni de la Transición».

De esta manera, ha defendido que «sobre la justicia es necesario un pacto en España» que incluya también el cambio de estos procesos porque, de lo contrario, «se pierde la esencia fundamental de cualquier poder, la confianza de los ciudadanos».

Igualmente ha considerado que la inclusión de los abogados en el sistema sanitario era «una deuda pendiente» y se ha comprometido a llevar esta inclusión «al derecho positivo» en la reforma que está preparando la Administración autonómica para la universalización del sistema sanitario.

VITALIDAD DE LA ABOGACÍA EXTREMEÑA

En dicho acto inaugural también ha tomado la palabra Carmen Sánchez-Cortés, quien ha puntualizado que los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres cuentan con 1.800 profesionales ejercientes que ingresan anualmente un total aproximado de 155.000 asuntos, lo cual demuestra, a su juicio, la «vitalidad y el excelente estado de salud y de dinamismo de la profesión de la abogacía en Extremadura».

La secretaria de Estado ha aludido a que un total de 14 proyectos normativos relacionados con el Ministerio de Justicia van a salir adelante en el tramo final de la presente legislatura, de los cuales ha destacado, por su importancia para los letrados, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil o la aplicación de las nuevas tecnologías, por la que a partir del 1 de enero los operadores jurídicos y las oficinas y los órganos judiciales «se tendrán que comunicar exclusivamente a través de medios telemáticos».

Por otro lado y en relación al nuevo juzgado de la capital pacense, ha incidido en que «está en marcha» y culminará en el año 2019, así como en que «tiene sus partidas presupuestarias, más de 17 millones de euros, para poder hacer realidad en Badajoz ese nuevo edificio judicial del que se beneficia todo el sistema de justicia y, en primer lugar, los ciudadanos».

Cabe destacar que, durante el acto, la mayoría de los intervinientes han hablado sobre los refugiados sirios, como Ortega, que ha remarcado que el Consejo que representa ha abierto un registro de abogados voluntarios para asesorar a los refugiados que España acoja y que en menos de 100 horas se inscribieron más de mil que «se desplazarán allí donde sean reclamados», porque «es la hora de la solidaridad sin fronteras», mientras que Herrera ha ahondado en que España «es un país solidario» y que «esta solidaridad nos toca a todos» y a «todas las administraciones».