La medida, que será regulada por el Ejecutivo regional mediante la aprobación «muy probablemente» la próxima semana de un decreto, tiene como objetivo «dar una respuesta» a los «mínimos vitales» de energía y agua para aquellas familias que «no» puedan hacer frente al pago de dicho tipo de cuestiones.
La Junta de Extremadura destinará 5 millones de euros para asegurar los «mínimos vitales» de luz y agua a ciudadanos en dificultades este próximo invierno en la comunidad.
«Aquellas personas que hayan recibido la comunicación de la empresa suministradora de impago, de que no han pagado y por tanto le van a cortar serás las adjudicatarias de estas ayudas», ha avanzado en rueda de prensa el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien ha añadido que el Consejo de Gobierno autonómico ha aprobado este viernes una modificación de crédito para disponer de 5 millones de euros que irán destinados a tal iniciativa.
Ha incidido así en que la ayuda se dirigirá a personas que «no pagan porque no pueden, no porque no quieren». «Los servicios sociales tienen que analizar el historial social y aquellas personas que porque estén paradas de larga duración o porque no tienen ingresos en la unidad familiar serán las que recibirán estas ayudas», ha incidido.
En esta línea, ha señalado que la dotación de 5 millones de euros que el Ejecutivo extremeño destinará para asegurar los «mínimos vitales» de luz y agua en la región supone «un primer paso» en esta materia para el próximo invierno, teniendo en cuenta –ha añadido– que su ejecutivo se ha «encontrado» las cuentas públicas «esquilmadas».
Asimismo, Fernández Vara se ha solidarizado también con una mujer «víctima de un desahucio» este viernes en Badajoz «como consecuencia» de que su marido contrajo con una obligación con una financiera de Mérida y «no ha hecho frente a sus obligaciones».
«Estamos consiguiendo parar muchos desahucios. Sin hacer ruido estamos consiguiendo disminuir de manera notable el número de desahucios, pero todavía se producen algunos», ha espetado Vara, quien ha añadido que ésta es la «razón» por la que el Ejecutivo regional aprobará «en las próximas semanas» un decreto-ley que «intentará buscar solución para todos» en esta materia.
«No se puede echar a la gente de su vida. Era un compromiso que teníamos y es un compromiso que vamos a cumplir», ha incidido el presidente de la Junta.
