El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado este miércoles de que la resolución independentista aprobada por el Parlamento catalán pretende «acabar con la democracia y el Estado de Derecho, someter las libertades y los derechos de todos los ciudadanos y quebrar la unidad de la nación española y la convivencia».
![[Img #47260]](upload/img/periodico/img_47260.jpg "Rajoy: Se pretende acabar con la democracia y con el Estado de Derecho \"")
El jefe del Ejecutivo se ha expresado así en el Palacio de la Moncloa, en una comparecencia en la que ha anunciado la decisión del Consejo de Ministros de recurrir ante el Tribunal Constitucional la resolución independentista aprobada por el Parlament y de pedirle al alto tribunal que suspenda sus efectos y avise a quienes tienen obligación de aplicar lo que el propio decida.
Rajoy ha recalcado que el Estado de Derecho asegura la división de poderes, su sujeción a las leyes y su control por los jueces, así como la protección y tutela de los derechos de los ciudadanos. Esos son, ha dicho, los principios que vulnera una resolución que apuesta por la «arbitrariedad del poder» y pretende «retrotraer a otros tiempos que la España constitucional ha dejado atrás definitivamente».
También ha asegurado que «cuando se prescinde de la ley se renuncia a la democracia» y ha recalcado que defenderá con firmeza el respeto a la soberanía popular y la unidad de la nación. Rajoy ha hecho hincapié en que ambos principios son la «esencia de la democracia» que pretende «poner en riesgo» la resolución secesionista del Parlament.
«Sin respeto a la ley, cualquier poder, cualquier Gobierno pierde su legitimación», ha dicho Rajoy en rueda de prensa después de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministrosque ha aprobado la impugnación ante el TC de la declaración secesionista aprobada el pasado lunes por el Parlamento de Cataluña.
El recurso ya está en el TC
Esta declaración de Rajoy ha llegado minutos después de que la abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, haya presentado pocos después de las 12.00 horas en el Tribunal Constitucional (TC) el recurso del Gobierno contra la declaración independentista. Un recurso que está previsto que el Pleno del Tribunal comience a estudiar a las 16:30 horas de hoy.
A las puertas del tribunal de garantías, Silva ha señalado que la impugnación contiene una petición expresa al TC para que «se notifique personalmente» la resolución a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell; al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas; al secretario general de la cámara, Pere Sol i Ordis, y a los miembros del Consejo de Gobierno y para que se les aperciba de que «pueden incurrir en un delito de desobediencia y ser suspendidos en sus funciones en el caso de que no cumplan la suspensión si esta es decretada».
La impugnación de la declaración independentista, que fue impulsada por Junts pel Sí y la CUP, fue acordada por el Consejo de Ministros tras obtener el aval del Consejo de Estado, cuyo informe declara la existencia de «fundamentos jurídicos suficientes» para el recurso.
A juicio del Consejo de Estado, y en consonancia con los argumentos de la propuesta presentada por el Gobierno a este órgano consultivo, la resolución del Parlamento Catalán implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española» y «su declarada insumisión a las instituciones del Estado», por lo que vulnera varios artículos de la Constitución.
En principio podría pensarse que, al reunirse esta misma tarde, el Pleno del TC debería ser breve porque los once magistrados no deberán discutir sobre el fondo del recurso, sino simplemente valorar si el escrito cumple con los requisitos formales para ser admitido a trámite.
No obstante, el debate puede alargarse debido a que es previsible que el Gobierno solicite al tribunal de garantías la inclusión en la providencia de determinadas medidas de advertencia y bloqueo de cualquier acto dirigido a poner en marcha las medidas secesionistas. La adopción o no de dichas medidas y los términos en los que se acuerden podría generar debate en el seno del tribunal de garantías.
En todo caso, y al tratarse de un recurso del Gobierno la suspensión de la declaración por al menos cinco meses vendrá obligada por la mera admisión del escrito, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.
El fondo del recurso del Gobierno
En concreto, en el recurso se solicita que la resolución se notifique a un total de 21 personas -se las cita por nombre, apellido y cargo-, que dicha notificación se haga «bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones» -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
Los cargos apercibidos serían la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y al presidente de la Generalitat en funciones Artur Mas, o en su caso a la persona que resulte nombrada tras la investidura; pero también a los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y los del Consejo de Gobierno de la Generalitat.
