Termina la legislatura y de todas las reformas propuestas, se han acometido todas aquellas que afectan a las gentes, pero ninguna de las que afectan al entramado político administrativo que soporta nuestra estructura de gobierno.
¿Será porque son afectados por estas decisiones aquellos que tienen que tomarlas? Puede pensarse, mientras la reforma de las pensiones, la reforma laboral y otras cuestiones de gran calado social afectan a colectivos generalizados, la reforma de los privilegios de los bancos, de las grandes empresas y de los políticos no llegan porque pudiese ser que afecten a su ¨modus vivendi¨ en presente, en la acción política, y a futuros, cuando salgan de ella por las puertas giratorias.
La tímida reforma y reducción del sector público empresarial no es más que un maquillaje barato de las necesidades de acción, enumeramos:
- No han desaparecido los privilegios de sueldo, dedicación, complementos y pensiones de los parlamentarios, europeos, nacionales y autonómicos, ni de los altos cargos de estas administraciones, ¿por qué tiene que cobrar la pensión máxima al jubilarse un antiguo diputado con dos legislaturas y sin haber cotizado? ¿Por qué tenemos que pagar a quienes dejan los cargos, electos y de gestión política, cuando los dejan? No es extraño que muchos aspirantes a diputados y senadores estén a la cuenta de lo que les falta para cumplir los requisitos para cobrar una pensión a la que no llegan la inmensa mayoría de los españoles, aún cotizando, ello ni eso.
- No se han reducido, salvo en Castilla La Mancha, ni diputados, ni senadores, ni diputados autonómicos, ni asesores, ni consejeros, todo el entramado sigue en pie y esperando nuevas colocaciones a dedo. Se habló, se anunció, se publicó en el peor momento de la crisis, pero escampado un poco, todo olvidado. Todo no, las empresas , los autónomos, los emprendedores han tenido que realizar ajustes brutales, dado que ellos no disponen del cómodo recurso de la deuda pública.
- No se ha introducido ni un solo elemento de productividad, eficacia, capacidad y conocimiento en la gestión política. Si bien es cierto y lo compartimos que el principio de libre elección y presentación de candidatura no puede estar limitado, si puede pensarse, que fuera del ámbito parlamentario, estos otros principios deben ser considerados y establecidos reglamentariamente para el acceso a la gestión pública política de la administración. Un Director General que no tiene cualificación profesional, que no tiene experiencia en su sector, que no tiene capacidad para lo que se necesita del puesto, es un Director General improductivo, por mucho que sea del partido. Aquí la gente tiene que venir aprendida, que para aprender las becas se dan en otro sitio.
- Y por último nada se ha hecho en la reforma de la administración local, sobran miles de ayuntamientos, sobran miles de entes administrativos, sobran las diputaciones y están mal ubicados miles de funcionarios municipales necesarios en otras administraciones. Si las oficinas municipales de gestión urbanística de las capitales de provincia engordaron con la bonanza, no han perdido peso con la crisis, allí sigue todo el mundo, cobrando con la décima parte del trabajo, mientras que las empresas del sector han realizado los ajustes correspondientes, tremendos ajustes por cierto. ¿A qué esperamos? El Reino Unido, Holanda, Alemania hace décadas que dejaron un ayuntamiento de cada decena, o de cada cinco. Es incomprensible que en esta época mantengamos administraciones para núcleos urbanos distantes pocos kilómetros unos de otros, ya no se va en burro y ya no se tarda un día en el viaje. Tenemos un buen ejemplo de comportamiento racional en las parroquias gallegas, en algunos casos una docena o más de poblaciones, con un solo ayuntamiento.
Qué casualidad, madrecita mía que reformamos todo, menos lo que a mí me toca, esto es como aquel que dice a compartir lo vuestro y a no tocar lo mío.
