Malvaluna insta a un pacto social contra la violencia machista

El verano está siendo sangriento para las mujeres, pero bastaría con que una sola mujer
fuera asesinada por el hecho de ser mujer para que la sociedad en su conjunto, y en particular
las organizaciones e instituciones públicas, se movilizaran para impedir que ni una sola mujer
más muera por esta causa.

Sin embargo la violencia contra las mujeres, los crímenes machistas no cesan, y ello es
posible porque hay personas y administraciones públicas que se muestran, cuanto menos,
indiferentes ante esta violencia que cada año se cobra la vida de decenas de mujeres y de
menores utilizados como un instrumento más de la violencia machista.

Es lamentable que las administraciones públicas, que los partidos políticos, se limiten a
emitir elocuentes declaraciones o a convocar minutos de silencio. Sus obligaciones y
responsabilidades políticas van más allá de eso, y conforme a ellas deben responder adoptando
las medidas necesarias para evitar que más mujeres sigan siendo asesinadas, maltratadas,
violadas o sometidas a cualquier forma de violencia machista.

Ya nadie cuestiona que la lucha contra la violencia machista ha de abordarse desde
distintos espacios: desde la prevención mediante el fomento de la igualdad y la eliminación de
modelos violentos de referencia para los y las menores; desde la intervención garantizando la
seguridad de las mujeres que la sufren directamente y la seguridad de los/as menores
expuestos a la violencia contra su madre; desde la garantía de un futuro libre de violencia que
conlleva que la víctima pueda realizar una vida autónoma en todos los órdenes; y desde la
implantación de nuevos modelos de relaciones basados en la igualdad y la corresponsabilidad.

De la misma manera, resulta incuestionable que en la medida en que se ha visto
reducidos los recursos en políticas de igualdad y se ha apartado a las organizaciones feministas
especializadas en la lucha contra la violencia de género de las redes de prevención e
intervención, los casos de violencia lejos de disminuir han ido paulatinamente aumentando. 
El número de mujeres asesinadas, el número de menores asesinados o expuestos a la
violencia machista resulta ya insoportable, y ante la indiferencia de las administraciones públicas,
ante la falta de una actuación seria y proporcionada a la gravedad de la situación, desde la
asociación Malvaluna PROPONEMOS ADOPTAR UN PACTO SOCIAL CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO que conlleve, al menos, las siguientes medidas:

– Que el Gobierno de la nación se comprometa a:
o Realizar las modificaciones presupuestarias necesarias que incrementen en
un 20% las políticas de igualdad, y en particular a la lucha contra la
violencia de género.
o Proceder de forma inmediata a la reforma de la legislación en materia de
familia y menores para garantizar la obligatoria suspensión del régimen de
visitas de menores con padres condenados por violencia de género o con
orden de protección.
o Incrementar las medidas seguridad para las mujeres víctimas de violencia
de género.
– Que los Partidos políticos con representación parlamentaria se comprometan
a:
o Iniciar los trámites para la realización de las modificaciones presupuestarias
necesarias que incrementen en un 20% las políticas de igualdad, y en
particular a la lucha contra la violencia de género.
o Proceder a la inmediata modificación de la Ley de Igualdad y contra la
violencia de género de Extremadura para incluir en ellas a las
organizaciones feministas que vienen prestando asistencia en violencia de
género en las Red Extremeña de atención a las víctimas de violencia de
género.
o Instar al gobierno de la nación para que proceda a la inmediata reforma de
la legislación en materia de familia y menores para garantizar la obligatoria
suspensión del régimen de visitas de menores con padres condenados por
violencia de género o con orden de protección.

– Que la Junta de Extremadura se comprometa a:

o Reestructurar el actual sistema de coordinación con presencia de todas las
entidades que prestan atención en violencia de género e introduciendo
mecanismos de coordinación integral. 
o Garantizar la presencia de las organizaciones feministas en las formaciones
dirigidas a los cuerpos y fuerzas de seguridad; agentes de salud, servicios
sociales y comunidad educativa en materia de igualdad y violencia de
género.
o Modificar y/o ampliar el contenido de los Registros de Órdenes de
Protección de manera que pueda determinarse el contenido específico de
las Medidas Penales y Civiles de forma que permita conocer las
consecuencias económicas que la violencia tiene sobre las mujeres y si se
adoptan o no medidas tendentes a proteger a los menores.
o Establecer mecanismos ágiles y transparentes para el acceso a la vivienda
de víctimas de violencia que se vean privadas por esta causa de su vivienda
habitual.

– Que las Diputaciones Provinciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y la FEMPEX se comprometan a:

o Poner en marcha un programa dirigido a promover la implicación del
conjunto de la sociedad en la denuncia y persecución de la violencia de
género, potenciando la interrelación entre las organizaciones feministas y la
sociedad civil organizada de las distintas localidades.

Todas las medidas deberán contar con presupuesto suficiente para su desarrollo, correspondiendo su evaluación y seguimiento al Consejo de Partición de Las Mujeres de Extremadura.

Las políticas de gestos no son ya suficientes, exigimos compromisos reales frente a la
violencia de género