Los votos favorables del PSOE y Podemos, los votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos han dado luz verde a la propuesta de Podemos instando a la Junta de Extremadura a intensificar la difusión del derecho al ejercicio de un testamento vital, y a adoptar una serie de medidas, que se concretan, para garantizar la autonomía del paciente, la libre disposición de la propia vida y la dignidad en el proceso de morir.
Dicha propuesta pide al Gobierno nacional la reforma del artículo 143.4 del Código Penal de forma que quede «exento de pena» quien mediante actos «necesarios» o de «cooperación activa» facilite la «muerte digna y sin dolor» a una persona que lo solicita «de forma expresa, libre e inequívoca», en caso de enfermedad «grave» e «irreversible» o «padecimientos permanentes e insoportables».
También, la propuesta de impulso aprobada, reclama la elaboración de un proyecto de ley de muerte digna en Extremadura; además de la potenciación de los cuidados paliativos en la comunidad, y de la puesta en marcha de un programa específico de cuidados paliativos en la infancia y la adolescencia; así como la intensificación de la difusión del derecho al ejercicio de un «testamento vital».
El diputado de Podemos, Obed Santos, fue quien defendió dicha propuesta apostando por el derecho a decidir sobre la propia muerte digna, un «elemento inherente a la propia dignidad humana» por lo que ha pedido un «un marco coherente» sobre cuidados paliativos. Señaló que, «la vida es un derecho, no un deber. El derecho a una vida digna incluye el derecho a una muerte digna», porque «cuando la enfermedad no tiene solución médica y la muerte es inevitable los servicios sanitarios deben garantizar una muerte digna sin sufrimiento utilizando todos los recursos posibles, incluyendo la sedación terminal».
Incidió en la necesidad de revisar el Plan Regional de Paliativos de Extremadura, porque «no responde a las demandas actuales de la ciudadanía» y «es insuficiente». A la vez que intensificar el «derecho del ejercicio a un testamento vital».
Durante el turno de fijación de posiciones, María Victoria Domínguez, de Ciudadanos destacó que su partido contempla la eutanasia pasiva pero no la activa, considerando que «el derecho a una vida digna no debe excluir el derecho a una muerte digna» siempre en casos de «situación irreversible» de «enfermos que son conscientes» de su momento. Defendió así medidas que «palien» el dolor y sufrimiento para «morir con la máxima dignidad». Ha apostado igualmente por regular la «muerte digna» en Extremadura a través de una norma que regule «con claridad» las cuestiones en dicha materia.
Asimismo, ha defendido la posibilidad de «rechazar o interrumpir» el derecho a recibir cuidados paliativos, además de una regulación de la «muerte digna» para «aquellos enfermos terminales que lo deseen».
También ha señalado que «no está de acuerdo» con la propuesta de que el Gobierno central derogue el artículo que regula la «asistencia al suicidio», y con ello ha argumento la abstención de su grupo en la votación de la propuesta de impulso de Podemos.
Por su parte, el diputado del PP José María Saponi Cortés ha defendido que «la muerte casi siempre puede y debe ser pospuesta» pero «no a cualquier precio», sino para mantener «una muerte en paz».
Ha explicado también que la posición «irrenunciable» de su partido «es el derecho a la vida» porque «a las personas hay que acompañarlas hasta el final» y aplicando –ha añadido– las regulaciones actuales sobre la materia en cuidados paliativos.
Ha señalado al respecto que el programa regional sobre cuidados paliativos «funciona francamente bien»; y ha rechazado cambios en el Código Penal en materia de eutanasia.
Por su parte, la diputada del PSOE Catalina Paredes ha defendido que «todas las personas tienen derecho a su salud y a su promoción y deben tener una atención garantizada en la última fase de su vida para que puedan morir dignamente».
Ha defendido así una legislación para evitar «sufrimientos innecesarios» en casos de «enfermedad irreversible», a través de un «amplio debate a nivel nacional donde sea convocada toda la sociedad en su conjunto» para tratar de conseguir un «amplio consenso». «Porque una vida digna merece también una muerte digna», ha espetado.
Además, ha recalcado que el Ejecutivo regional elaborará una ley regional de muerte digna en la comunidad, porque «hay que seguir dando pasos en la ciudadanía para elegir libremente» en situaciones de «enfermedad irreversible».
De igual modo, ha incidido en que la potenciación de los cuidados paliativos es una de las «prioridades» del PSOE en la regional, al tiempo que ha recordado que un ejecutivo socialista fue el que puso en marcha la ley regional de paliativos.
