La Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente (Aeefor) ha exigido a la Junta de Extremadura que saque a licitación pública las obras y servicios adjudicados «a dedo» a Tragsa, y ha pedido además que se paralice el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el despido de «unos 57 empleados» de dicha entidad en la región, «con otros 30 más en el aire».
Este colectivo considera igualmente que la Administración extremeña debe «actuar» para «salvar» a los trabajadores afectados por el ERE y «orientar» su política de adjudicaciones públicas a la creación de empleo de «calidad».
En este sentido, las empresas asociadas en Aeefor se muestran dispuestas a «asumir, e incluso incrementar», el número de puestos de trabajo que trabajan para Tragsa y sus filiales, ya que las empresas de la región «contarían con una gran capacidad de contratación» y ofrecerían «estabilidad laboral, negociada con los sindicatos», si la Junta licita «todas las obras y servicios» que en la actualidad son encomendadas a Tragsa.
La asociación advierte a la Junta de Extremadura de que recurrirá «todas» las encomiendas de gestión a las empresas del Grupo Tragsa, solicitando en vía judicial la «paralización» de las adjudicaciones, ya que «estas encomienda no son más que adjudicaciones a dedo, que se hacen sin concurrencia competitiva», lo que a su juicio «produce un enorme lucro irregular a las empresas beneficiarias».
Así lo ha manifestado el presidente de Aeefor, Francisco Castañares, tras conocerse que la Junta de Extremadura «no sólo no acabará con estas prácticas irregulares, sino que incluso se muestra dispuesta a incrementar las cuantías que ya regaló a Tragsa el gobierno presidido por Monago».
De esta manera, el gobierno autónomo se convierte según el colectivo «en el mejor cliente que tiene Tragsa en toda España». «Las cosas que hacía mal el gobierno de Monago, no mejoran porque las haga el gobierno de Fernández Vara», ha afirmado el presidente de Aeefor.
Añade al respecto que la propia consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, «ha reconocido en la Asamblea de Extremadura que Tragsa no pertenece a la Junta de Extremadura», por lo que Aeefor insiste en pedir que la Administración autonómica «la elimine de los presupuestos como medio propio y acabe con las encomiendas de gestión y adjudicaciones directas sin concurrencia competitiva».
Por este motivo, Aeefor manifiesta públicamente que acudirá a los tribunales para recurrir «todas las encomiendas que se realicen a Tragsa», ya que este procedimiento supone a su juicio «una gran competencia desleal que perjudica a las empresas extremeñas que, en muchos casos, son subcontratadas por la propia Tragsa, con bajas superiores al 40 por ciento de los importes licitados».
Finalmente, señala también que las encomiendas de gestión están «en el punto de mira» del Tribunal de Cuentas, que según indica «ya ha planteado la necesidad de una normativa que regule esta fórmula de contratación, que considera abusiva, entre administraciones y entes públicos», concluye.
