Las cámaras que se instalaron hace meses para controlar el acceso de vehículos al casco antiguo de Cáceres, en sustitución del antiguo sistema de bolardos, comenzarán a estar operativas en la primera quincena de febrero una vez se apruebe de forma definitiva, en el próximo Pleno ordinario del Ayuntamiento, la ordenanza que regula este sistema de lectura automática de las matrículas de vehículos.
De momento, la ordenanza ha sido aprobada en la Comisión de Régimen Interior y Policía Local una vez se han resuelto las alegaciones que habían presentado al texto inicial, una de las cuales, presentada por el hotel Atrio, ha sido estimada de forma parcial.
De esta forma se ha admitido que las personas con movilidad reducida que están alojadas en hoteles del recinto intramuros, puedan usar el coche todos los días de su estancia para acceder al establecimiento.
Los hoteles tendrán que comunicar a la Policía Local la matrícula de los coches de estas personas con discapacidad y los días de estancia.
Así lo ha indicado el portavoz del equipo de Gobierno y responsable del área de movilidad urbana, Rafael Mateos, tras la celebración de la comisión en la que se ha dado el visto bueno a esta ordenanza reguladora que tiene como objetivo la disminución del tráfico rodado en la zona intramuros de la ciudad monumental.
A lo largo de este tiempo en el que se ha estado elaborando la ordenanza los residentes, instituciones o empresas de servicios que necesiten acceder al recinto han realizado sus solicitudes para conseguir los permisos, de manera que en la Policía Local se han registrado un total de 882 solicitudes (221 de residentes intramuros, 125 de calles adyacentes y 500 de empresas e instituciones), las cuales afectan a unos 1.800 vehículos.
Podrán acceder los residentes, los familiares de personas residentes discapacitadas, los dueños de garajes en la zona, los servicios de emergencias como ambulancias o bomberos, los vehículos de instituciones o empresas y los usuarios de hoteles, además de la carga y descarga de mercancías, que quedará limitada a lugares concretos y en horario de 7,30 a 11,00 horas.
ESTUDIO DE LA SOLICITUDES
Ahora se estudiará cada caso de solicitud y se resolverán los permisos de acceso de estos vehículos cuyas matrículas quedarán en una base de datos como usuarios permanentes. No obstante, si alguien quiere acceder de forma puntual puede hacerlo llamando a la Policía Local y dando la matrícula de su coche y el motivo por el que debe entrar en la parte antigua. La estancia será limitada y se informará del itinerario a seguir y los pasos de entrada y salida de los coches.
Si hay que acceder por alguna urgencia se puede comunicar el hecho en las 24 horas siguientes para que no se curse la sanción correspondiente, cuya cuantía oscila entre los 100, 300 y 500 euros, según la falta sea leve, grave o muy grave, según recoge la ordenanza.
Igualmente, se habilitarán zonas de aparcamientos para los coches de los residentes que no tengan garajes. Los lugares y la forma en la que deben estacionar los vehículos será determinada por los servicios técnicos, según ha explicado Mateos, quien insiste en que está «prohibido totalmente» aparcar en la parte antigua sin el correspondiente permiso de residencia.
Una vez se apruebe de forma definitiva la ordenanza en el Pleno ordinario del próximo jueves, día 21, se tiene que publicar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), algo que puede pasar dos o tres días después. Una vez hecha pública, entrará en vigor a los quince días por lo que el Gobierno cacereño estima que pueda aplicarse esta nueva normativa en la primera quincena de febrero.
No obstante, desde la Policía Local se hará una campaña de información entre los usuarios para dar a conocer el día exacto en que se comenzará a sancionar a los que incumplan estas normas y se colocará a agentes en los accesos para aclarar cualquier duda a las personas que quieran acceder con sus vehículo al recinto amurallado.
Por otra parte, la Comisión de Régimen Interior celebrada este jueves también ha dado el visto bueno a la creación de un grupo de trabajo formado por un miembro de cada grupo político municipal para adaptar el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) a la nueva normativa estatal.
Según ha explicado Mateos, se trata de que quede clara la forma de participación de los vecinos en los órganos y asuntos municipales con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Este grupo de trabajo comenzará a reunirse la última semana de enero.