Los exalcaldes de Jaraíz de la Vera (Cáceres) José Agustín Tovar Sánchez (alcalde por el PP entre 2007 y 2011) y José Bonifacio Sánchez Cruz (alcalde por el PSOE entre 2011 y 2015) han sido acusados, mediante el auto de apertura de juicio oral emitido este martes por el juzgado de instrucción nº 1 de Plasencia (Cáceres), por un presunto delito de prevaricación al no atender las quejas de una vecina por ruidos.
Según el auto, los acusados son los dos últimos alcaldes de Jaraíz de la Vera, así como los tres regentes de un bar de la localidad desde el año 2004 hasta su cierre por orden judicial en el año 2014.
En el auto de apertura de juicio oral, que se llevará a cabo por parte del Juzgado de lo Penal nº1 de Plasencia, se solicita por parte de la fiscalía penas de tres años y nueve meses de prisión, mientras que para los dos exmandatarios se solicitan 15 meses de prisión y ocho años de inhabilitación y de manera conjunta y solidaria 7.000 euros de indemnización.
Por su parte la acusación particular solicita para los regentes del local penas de cuatro años de prisión y una multa de 24 meses, mientras que para los exregidores de Jaraíz de la Vera solicita 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público. De manera solidaria el asumir las costas de la acusación particular y una indemnización de 100.000 euros.
Según el escrito de acusación de la fiscalía desde el año 2004 una vecina colindante al bar lleva soportando y denunciando ruidos que en diferentes mediciones realizadas por el Seprona y la Consejería de Medio Ambiente en 2009 y 2014 calificaban de intolerable.
Pese a que se realizaron reformas en el local a lo largo de los 10 años, los niveles de ruido no bajaron los límites permitidos, motivo por el que se acusa a los tres regentes del local durante esos años de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en concurso con un delito de lesiones.
De la misma manera, ha indicado que los alcaldes de la localidad, «a pesar de tener conocimiento de las emisiones de ruidos producidos por el bar, no sólo por las denuncias y quejas interpuestas» sino también «por el resultado de las mediciones de los informes», no adoptaron «medidas eficaces, idóneas y pertinentes para la protección del medio ambiente y de la salud de los vecinos».
Además, según el escrito de acusación, «no se concedió licencia de obras» para las correcciones realizadas en 2009 y no se comprobó por los servicios técnicos del ayuntamiento de Jaraíz que el nivel de ruidos «cesaba, disminuía o continuaba», permitiendo de «manera activa una situación de contaminación acústica».
Debido a esta exposición prolongada a niveles de ruido «estresantes» la denunciante sufre «síntomas somáticos y psíquicos como dolor de cabeza, mareos, alteraciones en el sueño, inquietud, nerviosismo, irritabilidad», por lo que tiene que seguir un tratamiento médico.
