La Junta pactará con los sindicatos un decreto sobre prolongación de jornadas de los profesionales del SES

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha indicado que su departamento pactará a lo largo de este año con las organizaciones sindicales un decreto sobre prolongación de jornadas de los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES)

Ha recalcado que una vez sea pactado dicho decreto, éste será aplicado tal y como según ha dicho establece el Estatuto Marco, en el sentido de que «las prolongaciones de jornada son excepcionales».  «Una prolongación de jornada se produce cuando estando trabajando en el turno que sea ocurre un acontecimiento que no se puede prever», ha espetado el consejero en respuesta a una pregunta sobre este tema formulada por el PP este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura.

  A su vez, el diputado del PP José María Saponi Cortés ha reclamado a la Junta «más contrataciones limpias y transparentes y menos prolongaciones de jornada» en el ámbito sanitario, teniendo en cuenta que según ha dicho existe «falta de personal» en el SES.

En este sentido, ha reiterado que los recursos humanos del sistema sanitario público extremeño están sometidos a una «tremenda sobrecarga laboral», lo que evidencia a su juicio la «inoperancia» de la gestión de la Junta en dicho sector.

El consejero de Sanidad, por su parte, ha dicho que en el primer semestre de 2015, durante el Ejecutivo autonómico del PP, se gastaron «más de 700.000 euros en pago de prolongaciones de jornadas» en el SES.

CORTES DE AGUA

Por otra parte, a pregunta de Ciudadanos sobre cortes de agua en la comunidad, José María Vergeles ha señalado que la Junta está «intentando» que a través de convenios con las empresas distribuidas se sea «capaz» de que los cortes de agua cuando se vayan a producir se tengan que notificar «primero» a la comunidad autónoma.

Ello permitiría, según ha dicho, poder reclamar una moratoria antes de que se produzca el corte y poder conceder los denominados mínimos vitales en la región en los casos pertinentes, ha explicado.

A su vez, la portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, María Victoria Domínguez, ha pedido que el Ejecutivo regional empiece a elaborar un reglamento de ámbito regional que regule el consumo domiciliario de agua que evite el corte de suministro de este servicio.

Al respecto, Domínguez ha criticado que recientemente 150 familias de Aldea Moret de Cáceres se «vieron privadas» por la «unilateralidad» de la empresa «de un derecho fundamental» como es el agua, sin que la Junta pudiera tener «ninguna relación» al respecto, ha apuntado.

Vergeles ha recordado también que «existe una gran dispersión» en el ámbito normativo respecto a este tema, en tanto que las competencias en materia de agua están distribuidas entre las distintas administraciones.

Ha considerado en cualquier caso «necesaria» una regulación marco en este tema competencial, porque «entre otras cosas no se ha aplicado ni la directiva marco del agua en ninguna de las comunidades autónomas».

VACUNA

Por otra parte, preguntado por el PP sobre la desaparición de vacunas de la Tosferina en Villanueva de la Serena, el consejero de Sanidad ha subrayado que las responsabilidades derivadas de este sucesos serán las que se «derivan» del informe de inspección y del expediente disciplinario que, tal y como ha recordado, «ya está en marcha», y tipificadas como «falta leve».

Además, ha incidido en que el Ejecutivo regional ha abierto un «expediente» sobre dicho sucesos y que «no» ha tapado «a nadie», sino que lo que ha hecho es «depurar responsabilidades».

Al respecto, Vergeles ha dicho que «quien está poniendo en cuestión la profesionalidad de los inspectores» es el PP; y ha añadido que en este tema a la formación ‘popular’ «lo único» que le ha interesado es «generar una alarma social».

A su vez, el diputado del PP José Ángel Sánchez Juliá ha recordado que la desaparición de vacunas a la que alude se trata de una «tropelía» cometida por el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, a quien ha calificado como «el señor X al que se quiere salvar» por parte de la Junta, y de quien ha pedido su dimisión.