Luz verde al decreto ley contra la exclusión social

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley con la Exclusión Social y que previsiblemente se convalidará en trámite parlamentario en dos meses si todos los grupos aceptan que sea mediante Decreto Ley.

Este nuevo contempla la universalización de la atención sanitaria, para que ningún ciudadano o ciudadana quede fuera; la modificación de la ley de la Renta Básica para establecer una única convocatoria y abierta durante todo el año y convertir el silencio administrativo en positivo; la regulación de los mínimos vitales para convertirlos en una concesión directa para mejorar y evitar los cortes de luz y agua y el mejor aprovechamiento de los bonos sociales  y mejoras en el derecho de acceso a la vivienda, así ya no se adjudicarán por sorteo sino por criterios técnicos.

Este decreto ley acoge también una ayuda al alquiler social para aquellas familias afectadas por alguna ejecución hipotecaria y que reúnan los requisitos para contar con una vivienda social. Así podrán tener con una vivienda si la Junta de Extremadura no cuenta con viviendas sociales.

Sobre la ocupación ilegal de viviendas, destacó que esta ley incorporará alguna modificación «no para despenalizar» este hecho sino para dar una solución a las familias. Así todos aquellos que están ocupando una vivienda y previamente hayan solicitado a la Junta de Extremadura una vivienda seguirán en el procesión de adjudicación y como ocurre ahora que quedan excluidos.

También dentro de la Consejería de Sanidad y Políticas sociales, la Junta de Extremadura ha acordado la adhesión de la región al instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario previsto en el artículo 113 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y manifiesta el compromiso de cumplir con lo previsto en el Título VII de dicha ley.

El Consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, recuerda que las Comunidades que quieran recurrir al Fondo de Liquidez Autonómico, FLA, deberán cumplir este protocolo de sostenibilidad del gasto farmacéutico y sanitario.

Con este protocolo, se autoriza la colaboración firmada entre el Gobierno de España y Farmaindustria, lo que constituye la segunda condición requerida por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos con el objetivo garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, así como la regla de gasto y de deuda pública.

El protocolo al que se adherirá la comunidad tiene una duración de doce meses a contar desde el día siguiente en que se produzca la firma y es prorrogable por periodos anuales durante tres años. Sobre los «medicamentos innovadores» Vergeles ha destacado que Extremadura se ceñirá a los medicamentos de diagnóstico hospitalario, ha dicho. Afirmando que    «el compromiso de este gobierno es que el sistema sanitario sea sostenible económicamente pero también sostenible socialmente».

Dichas medidas se circunscribirán a tres ámbitos, por un lado hacer del SES un «organismo potente» en innovación sanitaria para poder ser competitivos a la hora de negociar el precio de los medicamentos, ir a las compras centralizadas de los productos farmacéuticos que se compran en los hospitales y tener un «nuevo modelo» de relación con la industria farmacéutica donde se establezca el techo de gasto y el «riego compartido».

SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AL SEPAD

Asimismo, el Ejecutivo regional ha autorizado la contratación del suministro de los productos alimenticios no perecederos para los centros adscritos al Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), por un importe total de 2.859.873,62 euros.

La prestación de los servicios públicos esenciales que se realizan en los centros pertenecientes al Sepad demanda, como ha destacado la Junta de Extremadura, la contratación de una serie de suministros de productos alimenticios necesarios para el «normal funcionamiento de aquellos».