El Ministerio de Hacienda ha abonado este lunes un total de 505,4 millones de euros a ocho CCAA adheridas al FLA para el pago a proveedores entidades locales que han acordado su plan de ajuste con el departamento que dirige Cristóbal Montoro, y de los que 23,5 millones son para Extremadura.
Los pagos librados este lunes correspondientes al FLA para proveedores y entidades locales del primer trimestre de 2016, que se reparten de la siguiente manera entre las 8 CCAA que han cumplido los «requisitos», y que son Andalucía, un importe de 164,44 millones de euros; Aragón, 35,4 millones; Cantabria, 14,37 millones; Castilla La Mancha, 42,34 millones; Extremadura, 23,58 millones; Región de Murcia, 28,22 millones; Islas Baleares, 24,27 y a Cataluña, que es la que más recibe, un total de 172,74 millones de euros.
Según Hacienda, de esta forma se implementan, en las CCAA adheridas que han cumplido los requisitos, todos los tramos previstos en el Acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos de febrero de 2016, por el que se destinaron 6.113,61 millones de euros al Fondo de Financiación a CCAA para el primer trimestre de 2016. De esta cantidad, 5.834,30 millones de euros se asignaron al FLA y 279,31 millones de euros al Fondo de Facilidad Financiera.
Las CCAA verán así rebajado su periodo medio de pago a proveedores al destinarse las cuantías que financian el objetivo de déficit al pago de facturas. En este sentido, explica el Ministerio, «el pago a proveedores ha sido clave para erradicar la morosidad de las AAPP» y considera que «el impacto macroeconómico de los pagos efectuados entre 2012 y 2014, a través del fondo de proveedores y del FLA» ha mantenido unos 400.000 empleos.
INTERÉS CERO PARA LAS CUMPLIDORAS
Las condiciones financieras de 2016 para los pagos con cargo al Fondo de Facilidad Financiera tendrán un tipo de interés del 0% hasta el 31 de enero de 2019 y las que se formalizan a cargo del FLA, tendrán el mismo tipo de interés fijo, equivalente al rendimiento medio de la Deuda Pública del Estado a plazo equivalente (que ronda el 0,8). Los préstamos tendrán una duración de 10 años, con un periodo de carencia de dos.
El Ministerio recuerda las acciones que ha llevado a cabo para aplicar la estabilidad presupuestaria y recuerdan que a principios de marzo enviaron comunicaciones a las CCAA requiriendo la emisión de planes de ajuste, advirtiendo de que su envío condicionaba el desembolso de los importes con cargo al fondo de financiación.
Con posterioridad, el pasado 6 de abril, el Ministerio requirió la adopción de un Acuerdo de No Disponibilidad por importe suficiente para garantizar el cumplimento de dicho objetivo de déficit para 2016 a las CCAA que habían incumplido el plan de ajuste acordado, al superar el objetivo de estabilidad en 2015.
RETENCION Y NO DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO POR 1.500 MILLONES
Fruto de ello, el importen de la retención de créditos que deben formalizar las CCAA está en torno a los 800 millones de euros para las CCAA afectadas atendiendo a la evolución de los recursos del sistema de financiación sujetos a entrega a cuenta y posterior liquidación. Adicionalmente, las CCAA han previsto en sus Presupuestos restricciones presupuestarias que ascienden a unos 700 millones. Esta última cantidad unida a la anterior supone una cuantía aproximada de 1.500 millones de euros.
Hacienda señala que el pasado 21 de abril comunicó a las CCAA que sus planes de ajuste debían incorporar la revisión del escenario económico-financiero a la vista del nuevo objetivo de déficit de 2016, estimado para las CCAA en el 0,7 por ciento.
Las cantidades satisfechas en 2015 con cargo al fondo de Financiación de las CCAA ascendieron a 37.780 millones de euros con el siguiente desglose: 22.830,23 millones con cargo al FLA, de los que 11.141,65 millones se destinaron a atender facturas para proveedores; 14.267,39 millones con cargo al fondo de Finalidad Financiera, de los que 5.506,13 millones se destinaron a atender directamente facturas de proveedores y 683,23 millones de euros dedicados a financiera transferencias y convenios en materia de gasto social a entidades locales.
