CCOO Extremadura ha criticado la «fallida implantación» de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, cuyo plazo legal vence este jueves, día 7, por lo que el sindicato también ha criticado «el incumplimiento grave» de la ley por parte del Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias transferidas.
Aún no se han dotado de los medios tecnológicos «suficientes» a la inmensa mayoría de los juzgados y tribunales, y a ninguna de las fiscalías.El sindicato ha añadido que «en ninguno» de los partidos judiciales de Extremadura se van a tramitar por ahora los procedimientos judiciales con soporte digital «encontrándose en diferentes grados de implantación que podrá demorarse durante años en algunos casos, por no disponer de los medios tecnológicos necesarios».
Para CCOO, esta «lamentable e ilegal situación» se ha debido, además de «a la desidia» del propio Ministerio de Justicia y de las comunidades autónomas con competencias, al «empecinamiento» del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que anunció el «papel 0» en los juzgados a partir del 1 de enero de 2016 en una actuación «puramente propagandística».
El Ministerio de Justicia «ha seguido ocultando» que la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia no es generalizada, que se están produciendo «graves fallos» de funcionamiento en el sistema Lexnet de comunicaciones y que el expediente judicial electrónico «sólo estaría listo para ponerse en marcha en los plazos legales en una parte muy minoritaria de los juzgados y tribunales, y en ninguna fiscalía».
Desde el mes de enero de 2016, CCOO ha solicitado la moratoria de los plazos de implantación, propuesta a la que se han sumado diversas asociaciones de jueces y fiscales, jueces decanos, Fiscalía General del Estado, varios colegios y asociaciones de abogados y procuradores y «un sinfín» de operadores jurídicos junto a gobiernos autonómicos con competencias.
Asimismo, CCOO «vuelve a manifestar su decidida apuesta por la modernización de la justicia» pero «exige que se haga de forma pausada, consensuada con los operadores jurídicos, negociada con los representantes de los trabajadores y con dotación presupuestaria expresa».