El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, unas medidas de acompamiento que tienen como objetivo la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales sin aumentar la presión fiscal de los ciudadanos. Además esta medida no contempla la exención del IBI Sanitario.
Según la Consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, la Junta de Extremadura está comprometida en la lucha contra el fraude fiscal a fin de mejorar la eficacia recaudatoria en los ingresos para disminuir el nivel de endeudamiento.
Dentro de las medidas tributarias, la reforma tendrá un impacto de casi 9 millones de euros, compensando el millón y medio del Canon de Saneamiento, sin embargo, los cambios en el IRPF y en el Impuesto de Patrimonio no podrán aplicarse hasta el próximo año. En el IRPF se mantienen todas las deducciones en la cuota íntegra autonómica, salvo la que se refiere a la adquisición de segunda vivienda en el medio rural. Con esta medida se recaudarán 483.000 euros. Además, entre otras medidas, se contempla un mínimo exento de 2 metros cúbicos por vivienda en el canon de saneamiento, con lo que se excluyen del gravamen las necesidades más básicas.
En los tributos cedidos, el impuesto de patrimonio se modifica el mínimo exento pasando de los 700.000 Euros a los 500.000 y el de los discapacitados, esta medida tendrán una recaudación de 1.05 Millones de Euros.
En el Impuesto de Sucesiones, se mantienen todos los beneficios tributarios y en donaciones se suprimen las bonificaciones del 99-95-90%. Recaudando un millón de euros por ambos tributos ; y en el de Actos Jurídicos Documentados se eleva al 1,5% el tipo de gravamen general y al 3% el que recae sobre escrituras públicas en las que se renuncia a la exención del IVA (6 millones de euros de recaudación).
IBI SANITARIO
Según ha explicado la consejera de Hacienda y Presupuestos, Pilar Blanco-Morales, el Consejo de Gobierno ha decidido no incluir en ese texto una disposición que vinculaba la actividad de los centros sanitarios con la formación de nuevos profesionales y la prestación de servicios educativos, lo que fundamentaría la exención del pago del impuesto.
Sin embargo, ha aclarado la consejera, el Consejo de Gobierno ha preferido no incluir esa disposición atendiendo a las consideraciones expresadas por las distintas entidades locales que han formulado alegaciones a la exención del IBI sanitario y buscando el mayor consenso posible en esta cuestión.
Blanco-Morales, quien además ha afirmado que el Ejecutivo va a pagar la deuda con los ayuntamientos que en concepto de IBI dejó el gobierno del Partido Popular, ha calificado la decisión del Ejecutivo regional de “responsable y coherente”.
Además, ha apelado a la necesidad de abrir un debate nacional sobre la necesidad de mejorar la financiación de las haciendas locales y ha mostrado el compromiso de la Junta de Extremadura con las entidades locales para que se puedan prestar los servicios públicos con criterios de eficiencia, racionalidad del gasto y estabilidad presupuestaria.
La consejera ha insistido en que la decisión del Consejo de Gobierno sobre el IBI sanitario obedece estrictamente a la búsqueda del consenso y del diálogo entre administraciones públicas, ya que en sus aspectos legales la medida contaba con los pronunciamientos favorables del Consejo de Estado, de la Abogacía General de la Junta de Extremadura y del Consejo Económico y Social.