El Consejo de Gobierno ha autorizado a la empresa pública Gisvesa la realización del servicio de protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y de otros procedimientos de desahucio en la región, y de la contratación temporal desde GISVESA de los perfiles profesionales descritos en el texto del encargo, por un importe total de 425.464 euros.
![[Img #51702]](upload/img/periodico/img_51702.jpg "El Consejo de Gobierno da luz verde a la protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y desahucio.")
Mediante este encargo se pretende facilitar a las personas, familias y/o unidades de convivencia que se vean afectadas por situaciones de riesgo, y que puedan derivar en un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual, una vía de comunicación e intermediación con la entidad financiera y que puedan contar con la información y asesoramiento oportunos para encontrar una solución consensuada que pueda evitar y/o poner fin a la ejecución hipotecaria.
En definitiva se trata de un proceso de intermediación bancaria que garantice el derecho a la vivienda. Según explicó la Portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, con este trabajo se pretenden tres líneas de acciones.
La primera de ellas es desarrollar acciones complementarias al observatorio de la vivienda para una regeneración de la deuda y del crédito para la primera vivienda.
En segundo lugar, se pretende poner en marcha una bolsa de alquiler de viviendas, tanto del Sareb, como de las entidades financieras y de titularidad privada para dar un mayor acceso al alquiler.
En tercer lugar controlar y gestionar un registro de familias demandantes de viviendas.
Gil Rosiña destacó que esta es la política de viviendas «que dijeron a los ciudadanos antes de las elecciones» para garantizar el acceso de las familias a las viviendas.
