El nuevo convenio del campo contempla una subida salarial del 2,1 por ciento acumulada en los tres próximos años, a razón del 1% en 2016, del 0,6% en 2017 y del 0,5% en 2018, y asimismo impulsará la creación de una tarjeta profesional agraria similar a la TPC del sector de la construcción, con el objetivo compaginar la lucha contra la siniestralidad laboral y facilitar la contratación en el sector.
El convenio del campo es el más importante en Extremadura en términos absolutos de trabajadores a los que afecta, en concreto a 60.000, además de a 10.000 empresarios.
El mismo ha sido suscrito por los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, COAG y Apag Extremadura Asaja; mientras que Asaja Extremadura no lo ha firmado alegando que el país se encuentra en una situación de incertidumbre política y que, por tanto, se debería haber esperado a la formación del nuevo Gobierno.
Las partes firmantes han coincidido en Mérida en destacar la dificultad de llegar a un convenio, al tiempo que han resaltado el esfuerzo realizado por la mesa negociadora.
Como resultado, destacan que el acuerdo, aunque deja cuestiones sin resolver, como una especificación de las categorías profesionales de las tareas que se realizan en las centrales hostofrutícolas, que los sindicatos consideran más propias de una industria que del sector agrario, en general consideran que es beneficioso para el sector porque da seguridad y estabilidad al colectivo.
El secretario general de la federación agroalimentaria de CCOO Extremadura, Francisco Rodríguez Corbacho, ha subrayado que la evolución de las labores agrarias ha desembocado en una diferenciación entre las tareas que realizan los agricultores en el campo frente a las que desempeñan los empleados de las centrales hortofrutícolas, en las que además de envasar, se transforman los productos. «Es una industria», ha remarcado
En su opinión, se trata de actividades distintas, cuya diferenciación debería estar contemplada en el convenio. «No es lo mismo un carretillero que un tractorista; ni un manipulador que un peón pelado», ha aseverado.
En esta línea, el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA-UGT) de Extremadura, Miguel Talavera, ha señalado que este convenio deberá ser «suplementado» por otros de carácter estatal que den respuesta a esta diferenciación.
Sobre esta cuestión, el secretario general de UPA-UCE ha recordado que este convenio es «un acuerdo de mínimos», y que a partir de ahí los sindicatos tienen la posibilidad de negociar convenios específicos para los trabajadores de la industria transformadora, y que incluso podrían plantear convenios individualizados para cada central hortofrutícola.
En cuanto a la futura TPA, que el convenio se ha marcado su impulso a lo largo de sus tres años de vigencia mediante la puesta en marcha de una comisión que estudie su desarrollo, Talavera ha señalado que pretende dar una solución al «incremento sustancial» de accidentes laborales en el sector.
Con ella, se busca un mecanismo por el cual el trabajador que es contratado cuente al menos con una formación básica en prevención de riesgos laborales. Asimismo, dada la eventualidad propia del sector agrario, pretende solucionar las dificultades que provoca a la hora de contratar a los trabajadores la obligatoriedad de presentar una certificación médica.
ESTABILIDAD PARA TRES AÑOS
Por su parte, el secretario general de COAG Extremadura, Juan Moreno, se ha mostrado «satisfecho» con el acuerdo cerrado, algo que según ha dicho «no ha sido fácil», si bien ha resaltado que es «importantísimo» porque da «estabilidad y tranquilidad» al sector durante los próximos dos años y medio.
En esta línea, el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha subrayado que lo más importante de este acuerdo es que se ha alcanzado la «paz social».
Asimismo, Ignacio Huertas, ha insistido en la garantía de «seguridad y estabilidad» que aporta el acuerdo al sector, por lo que no entiende que Asaja Extremadura no haya suscrito el acuerdo, haciendo «un flaco favor» al mismo.
En su opinión las diferencias con respecto al incremento salarial pactado son una «excusa» para no apoyar el acuerdo, dado que la diferencia entre la propuesta de esta organización y lo que se ha acordado finalmente supone una diferencia de 23 céntimos diarios por trabajador.
ASAJA NO FIRMA EL ACUERDO
Asaja Extremadura ha decidido no firmar el convenio por «responsabilidad y coherencia» ante la «incertidumbre política y económica» en la que se encuentra el país, con un gobierno en funciones, según ha señalado en una nota de prensa.
Asimismo, el presidente de la organización, Ángel García Blanco, ha subrayado que Asaja Extremadura propuso desde un principio una subida salarial para los trabajadores del campo del 0,5% para 2016, 0,5% para 2017 y 0,5% para 2018, unas cantidades que considera «realistas y que se adecuan perfectamente al momento actual económico», por lo que considera «desproporcionado» el incremento del 1% previsto para el presente ejercicio.